REDACCIÓN BBC MUNDO.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó este lunes una nueva orden ejecutiva en la que declara una “emergencia nacional” por la amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y a la política exterior causada por la situación en Venezuela.
Obama además estableció sanciones contra siete funcionarios, acusándolos de violar derechos humanos y cometer actos de corrupción. Los sancionados, casi todos policías y militares, forman o han formado parte de los organismos de seguridad del estado que fueron responsables de neutralizar las protestas antigubernamentales ocurridas principalmente el año pasado.
“Estamos comprometidos por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, al proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de EE. UU. de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”, se lee en el comunicado difundido el mediodía de este lunes por el gobierno estadounidense.
En una rueda de prensa telefónica, un alto funcionario de la Casa Blanca explicó que la declaración de emergencia “es un proceso normal” que se ha hecho en otros casos de sanciones como Siria, Irán o Birmania, países que tampoco gozan de buenas relaciones con EE.UU.
El funcionario dijo que las sanciones no apuntan contra el pueblo ni la economía venezolana, ni tendrán un efecto directo en el sector petrolero venezolano.
En todo caso, funcionarios estadounidenses indicaron a la agencia de noticias Reuters que declarar a un país una amenaza a la seguridad nacional es el primer paso para iniciar una política de sanciones.
Washington no ha aclarado hasta ahora en qué medida la situación política interna venezolana puede afectar la seguridad estadounidense.
Señaló que las medidas no afectan a algún sector, individuo o entidad que no aparezcan citados en el decreto.
Tensiones en alza
Las tensiones entre ambos países se han incrementado en los últimas semanas a raíz de la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de reducir en 80% el número de funcionarios diplomáticos con autorización para trabajar en la embajada de Estados Unidos en Venezuela.
Las primeras sanciones aprobadas por el Congreso de EE.UU. contra funcionarios venezolanos fueron firmadas en diciembre por el presidente Barack Obama.
Las sanciones recayeron sobre individuos considerados responsables de violaciones a derechos humanos en Venezuela durante las protestas suscitadas en el país en 2014.
Las protestas antigubernamentales entre febrero y mayo de 2014 dejaron 43 muertos y más de 3.000 detenidos.
Las medidas implican la suspensión de visados para los afectados, así como la congelación de bienes y cuentas bancarias en Estados Unidos.
Entre los sancionados destacan Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.
También está la fiscal pública Katherine Nayarith Haringhton Padrón, quien ha acusado a varios miembros de la oposición, incluida la exdiputada María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido el pasado mes de febrero.
A Ledezma lo acusan de planificar un presunto golpe de Estado “con base en información inverosímil y en algunos casos inventada”, según el comunicado de la Casa Blanca.
Otros sancionados son el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides Torres; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Justo José Noguera Pietri; el exdirector general de Sebin, Manuel Gregorio Bernal Martínez y el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Miguel Alcides Vivas Landino.
