Por Elvira Guillén Santo Domingo, República Dominicana.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitó prisión preventiva por doce meses contra del alcalde del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, Raúl Mondesí, por alegadamente malversar fondos del organismo que superan los RD$300 millones.
Mediante el escrito de acusación, requirió a la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, la apertura a juicio y la imposición de medida de coerción por hechos graves de corrupción contra Mondesí.
Solicitó, además, una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica contra los demás implicados. Son ellos Bienvenido Araujo Japa, secretario general del ayuntamiento; Pedro Cordero Valverde, contralor; Antonio de Jesús Ferreira Guzmán, tesorero municipal y Edward Vianelo Guerrero Pontier, principales funcionarios del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal.
A Mondesí y los principales funcionarios del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal se les acusa de haber manejado los fondos de forma discrecional sin cumplir con los procedimientos, elaborando los estados financieros sin criterios técnicos, además de que los impuestos retenidos no eran remesados, y que no cumplían mínimamente con el presupuesto.
La PEPCA estableció, además, que confeccionaban documentos falsos y hacían uso de documentos fraudulentos para la realización de contrataciones de servicios, con cargo a los fondos del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, como en algunos casos relativos a la recogida de basura.
Indica que los impuestos eran retenidos sin remitir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), deuda con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), ausencia del pago 1X1000 del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), retenido a contratos de obras y el no pago del 1% de la Ley No. 6-86 sobre Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Área de la Construcción y todas sus Ramas Afines (FOPETCONS), retenido a contratos de obras.
Igualmente, que hacían pagos en exceso por realización de obras de infraestructuras y contrataban bienes, obras y servicios violentando el procedimiento de compras establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, entre otras irregularidades.
