Freddy Medrano
NUEVA YORK, Estados Unidos ( Tomado de AP) — Personas que han criticado públicamente al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro han sido injustamente interrogados, detenidos, amenazados o acusados de cargos criminales, denunció el jueves la organización Human Rights Watch.
La entidad no gubernamental que promueve la defensa de los derechos humanos dijo a través de un comunicado que ha documentado 31 casos en Caracas y cuatro fuera de la capital – en Aragua, Carabobo, Lara y Zulia – de individuos que enfrentan o han sido amenazados con cargos criminales por criticar públicamente al gobierno.
Portavoces del gobierno venezolano no respondieron a solicitudes de respuesta por parte de Associated Press.
“El gobierno de Venezuela usa el sistema judicial como una fachada pero la realidad es que los jueces venezolanos y los fiscales se han convertido en obedientes soldados”, dijo José Miguel Vivanco, director de las Américas para Human Rights Watch. “Las autoridades venezolanas han abusado de sus poderes de forma rutinaria para limitar la libre expresión, reduciendo un debate abierto y democrático que es muy importante ante las elecciones legislativas de diciembre”.
La organización cita el caso del empresario Fray Roa Contreras, detenido el 24 de julio, un día después de criticar la política económica del gobierno venezolano durante una entrevista con la cadena de televisión CNN. Contreras sigue detenido y ha sido acusado de diseminar información falsa, según varios reportes, dice Human Rights Watch.
En su comunicado la organización también cita el caso de Carlos Rosales, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, quien fue detenido después de una entrevista televisiva sobre la falta de medicamentos en el país. Rosales habló de la falta de éstos en farmacias y dijo que la mitad del equipamiento médico de los hospitales no funciona correctamente. Tres agentes gubernamentales detuvieron a Rosales en su clínica en Valencia, en el estado de Carabobo, y le interrogaron, dijo Human Rights Watch. Después lo liberaron pero le avisaron de que vigilara sus comentarios, señaló la organización.
En el 2005, el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, amplió legislación para castigar expresiones de insulto hacia funcionarios.
“La falta de un sistema judicial independiente en Venezuela aumenta la amenaza de estas leyes ante la libre expresión”, señaló Human Rights Watch.
