Editor Elvira Guillén (RTVE.es/ AGENCIAS).-El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), detenido este miércoles junto a otras 15 personas por presunta corrupción, ha quedado en libertad con cargos tras declarar ante la Policía Nacional, que le mantiene en calidad de investigado a la espera de que el juez decida si le llama a declarar por su supuesta relación en una trama urbanística en la ciudad andaluza.
Junto a Torres Hurtado, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han arrestado también a la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, además de a responsables de su equipo en el Ayuntamiento de Granada y a algunos empresarios, según han informado a Efe fuentes de la investigación.
Todas las detenciones se producen, según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el marco de una investigación sobre la existencia de una trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada, concretamente en su área de Urbanismo, en virtud de dos querellas interpuestas por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente.
Las fuentes han precisado que no se prevén más arrestos, si bien la operación continúa abierta, pues se han practicado una veintena de registros, entre ellos el del Ayuntamiento de Granada que presenció el propio regidor en calidad de detenido y que ya se encuentra en dependencias policiales.
Además del consistorio, los agentes han inspeccionado los domicilios del alcalde y el resto de detenidos, sedes sociales y oficinas públicas y privadas de empresas, y no descartan proceder a más registros en las próximas horas.
La operación está dirigida por el Juzgado número 2 de Granada y la Fiscalía de Medio Ambiente y se ha declarado el secreto de las actuaciones.
Investigan una trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada
El Juzgado de Granada instruye desde 2014 el conocido como caso Serrallo, en el que hasta ahora estaban siendo investigados la concejal de Urbanismo, un promotor y cinco altos cargos de Urbanismo del Ayuntamiento.
Pero, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, las diligencias de investigación practicadas tienen por objeto investigar la existencia de una trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada (área de Urbanismo).
Por tanto, según fuentes judiciales, la investigación no se circunscribiría exclusivamente a lo relacionado con el caso Serrallo, en el marco del cual ya declaró el pasado 10 de diciembre la concejala, lo que propició además una crisis en el gobierno municipal después de que Ciudadanos, que permitió la continuidad del PP en la alcaldía, le retirara su apoyo al no producirse el cese o dimisión de la edil tras su imputación.
La instrucción del caso Serrallo se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía por unos hechos que tenían su origen en 2006, cuando el Ayuntamiento adjudicó a la sociedad propietaria del Centro Comercial Serrallo Plaza una concesión administrativa en unos espacios libres para un parque de atracciones infantiles.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada citó a declarar al alcalde en 2013 en calidad de imputado por presunta prevaricación también por una operación urbanística por medio de la cual el Ayuntamiento se cobró una deuda de ocho millones de euros con una parcela valorada en un millón menos.
Además, en julio de 2015 Torres Hurtado se vio obligado a pedir disculpas después de decir, en un acto con estudiantes, que «las mujeres, cuanto más desnudas, más elegantes; y los hombres, cuanto más vestidos, mejor».
El diputado y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Luis Salvador, ha abierto la puerta a una moción de censura contra el alcalde detenido.
Ciudadanos, que posibilitó el Gobierno del PP en Granada, ha anunciado que corta «radicalmente» toda relación y comunicación con el PP en este Ayuntamiento y que promoverá un cambio político en el Consistorio.
Ante estos «graves acontecimientos», ha explicado Salvador, Ciudadanos da un paso más al cortar cualquier tipo de contacto con el grupo popular después de haber «roto» su apoyo al PP tras la imputación de Nieto por un presunto delito de prevaricación urbanística.
«Intentaremos favorecer una nueva realidad en el Ayuntamiento para intentar sanearlo», ha subrayado en los pasillos del Congreso, aunque ve «complejo» llevarlo a cabo.
