Por Yasmel Bueno
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó ayer miércoles los resultados del segundo monitoreo de cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, correspondiente al año 2015, a través del Observatorio para el Cumplimiento de la Ley a cargo de las instituciones, centralizadas, descentralizadas, órganos constitucionales, autónomas y adscritas.
Este estudio toma en consideración una serie de parámetros que van desde el cumplimiento de la ley colocando las informaciones de la institución en el portal web de la misma, calidad de la información relativa a la ejecución presupuestaria, declaración jurada de patrimonio de los que están obligados a presentarla, nóminas de funcionarios y empleados, procesos de compras y contrataciones públicas, ‘amigabilidad’ del manejo de la página y fácil interpretación d los datos aportados.
En su informe, la organización de la sociedad civil destaca que la investigación responde a que el derecho a la información está consignado en nuestra Constitución, específicamente en su artículo 49 que reza:
Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa 1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley; 2) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley.
Adocco precisó, además, que con anterioridad a la consignación de dicha prerrogativa ciudadana a la Constitución reformada en el año 2010, el Congreso Nacional había aprobado en el año 2004 la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, marcada con el No. 200-04 motivada esencialmente en los instrumentos legales de carácter vinculante globales y regionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas 1948); el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
En los resultados del segundo monitoreo de Adocco se destacan como entidades cumplidoras de la referida ley los Ministerios de la Presidencia y Relaciones Exteriores, la Junta Central Electoral, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Alcaldía del Distrito Nacional, los ministerios de Trabajo, de Interior y Policía, de Obras Públicas, de Cultura, de Educación, Administrativo de la Presidencia, de Administración Pública, de Hacienda y la Cámara de Diputados.
