Editor Elvira Guillén Santo Domingo, República Dominicana.-La Comisión de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros de la Cámara de Diputados retomó este lunes el estudio del proyecto de ley de Responsabilidad y Transparencia, con miras a rendir a la mayor brevedad posible el informe final.
Durante un encuentro en el Salón de Eventos, en el que participaron como invitados los economistas Ernesto Selman y Miguel Collado, asesores de la pieza, el proponente, diputado José Francisco Santana, solicitó una flexibilidad de los topes para que el Gobierno no se sienta presionado.
El legislador, quien también es el presidente de dicha Comisión dijo que la República Dominicana no puede seguir con un desequilibrio en las finanzas públicas.
“Hay que aprobar esta ley, esto sería un paso de avance, ya que no podemos seguir teniendo desequilibrios en las finanzas públicas”, expuso.
De su lado, Selman, quien es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, recomendó a la élite y a la sociedad comprometer al Gobierno a que el gasto público no vaya más allá del tres por ciento.
Resaltó que este año alcanzó el 36 por ciento, lo que se traducirá en un déficit fiscal.
Asimismo, dijo que las autoridades deben adoptar reglas para la práctica de un presupuesto equilibrado, además de que al endeudamiento público se le fijen topes, a los fines de que no se asuman riesgos.
“Lo principal para una ley de responsabilidad fiscal es asumir estos elementos, si realmente queremos políticas públicas que puedan crear ese marco”, expresó Selman.
La Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal tiene como objetivo establecer las reglas y condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado, base esencial para el desarrollo económico y sostenible de la nación.
Se encuentran sujetos a la aplicación de la presente ley los organismos del sector público como el Gobierno Central, las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no financieras, así como las de seguridad social.
En uno de sus considerandos esta pieza establece que el gasto del Gobierno ha experimentado un incremento sostenido durante los últimos dos años de 840%, entre diciembre del 2000 a ese mismo mes del 2012.
