Por Leonardo Rafael Martínez
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Diversos sectores de la sociedad civil han anunciado que se mantendrán vigilantes para lograr que se cumplan los acuerdos suscritos durante la tercera etapa de la Cumbre del Poder Judicial, y han propuesto mecanismos para lograr que se concreticen las acciones.
Cumplir con los compromisos asumidos en dicha cumbre constituye el principal reto del Poder Judicial, pues algunas acciones a desarrollar para mejorar el sistema y las condiciones de vida de los servidores no dependen directamente de las autoridades de justicia.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, adelantó que esa entidad va a instalar un observatorio para darle seguimiento a los acuerdos arribados.
Dijo estar muy esperanzado en la efectividad de la Cumbre, y está optimista de que va a contribuir a mejorar la imagen del sistema de justicia y el desempeño del Poder Judicial.
También, Miguel Surúm Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), , planteó la realización de un diálogo con la clase política, para que asuman los compromisos de la Cumbre como parte fundamental de la estrategia de desarrollo de la República Dominicana.
En caso de que no se pueda realizar ese diálogo, propone que jueces y fiscales inicien un plan de lucha reivindicativa, a través de paros de los servicios judiciales, especialmente para reclamar la asignación del presupuesto establecido en la ley.
La cumbre judicial abarca una cuarta etapa, que consiste en vigilar el seguimiento y vigilancia, para lo cual fue creada una comisión, integrada por un juez de la Suprema Corte de Justicia, SCJ, un miembro del Consejo del Poder Judicial, un juez de corte de apelación, uno de primera instancia, uno de paz y de los directores de varios departamentos de la SCJ.
Mariano Germán, presidente de SCJ, resaltó la importancia de esa cuarta y última etapa, afirmando que permitirá que los compromisos y el plan no queden “en letra muerta”.
También el coordinador de la Cumbre, Samuel Arias Arseno, expuso que esa comisión está llamada a vigilar y exigir que la cumbre no quede en un papel.
Entre los compromisos de la Cumbre figuran establecer mayor rigurosidad en el sistema de vigilancia del comportamiento ético de los jueces y servidores judiciales; revisar el rol de la figura del ministerio público en los procesos disciplinarios; fortalecer la Inspectoría General con la ampliación de las inspectorías regionales para el análisis de denuncias; y evitar los traslados de jueces no consensuados, entre otros.
TRA Noticias – Canal 45
