SANTO DOMINGO. El expresidente Hipólito Mejía dijo este martes que apoya la marcha que está convocada por varias organizaciones de la vida nacional para el próximo domingo 22 de enero, en demanda de iniciar un proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
“Yo no voy para la marcha, pero la apoyo”, expresó Mejía tras asegurar que está en la disposición de acudir a la Procuraduría General de la República para ser interrogado por el caso de soborno que de la constructora Odebrecht.
Sobre este mismo tema, el excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, se pronunció hace varios días, pero adiferencia de Hipólito Mejía, éste dijo que estará presente en la marcha convocada por diferentes organizaciones del país que procuran activar un proceso de lucha en contra de la corrupción e impunidad, supuestamente instalada por la empresa constructora brasileña Odebrecht y funcionarios corruptos en el Estado dominicano.
Se recuerda que el 21 de diciembre pasado se conoció la información procedente del Departamento de Justicia de EE.UU., según la cual la constructora brasileña pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
La marcha que mencionamos al principio está siendo convocada por el Movimiento de Trabajadores Independientes, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, el Comité Codiano, la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, Feflas, Los Peregrinos de Moca, Juventud Caribe, FAPROUASD, La Multitud, el Frente Universitario Renovador, el Foro Ciudadano, Poder Ciudadano, Somos Pueblo, el Centro Juan XXIII, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Bloque Popular, el y Grupo Milenio Verde (MIVER), entre otras.
Estas organizaciones demandan que sean identificados y sometidos a la justicia los funcionarios que recibieron sobornos en el caso Odebrecht, recuperación del dinero y sometimiento a la justicia de los ejecutivos de la empresa brasileña.
Otras exigencias son la creación de una comisión especial contra la impunidad con el apoyo de las Organizaciones de las Naciones Unidas y que la Cámara de Cuentas presente en un plazo de 30 días un informe de auditoría de verificación de las declaraciones juradas de patrimonio de los presidentes y ministros que entraron en contacto con las negociaciones de Odebrecht desde el 2001 hasta el 2014.
