Santo Domingo, República Dominicana.- Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, manifestó este viernes su desconcierto sobre el contenido, términos y plazos firmado por la Procuraduría General de la República con Odebrecht.
A su juicio, el acuerdo limita la responsabilidad civil de la empresa brasileña al pago del duplo de los valores utilizados para sobornar a funcionarios públicos dominicanos, cuando esa es solo una parte de su responsabilidad y probablemente la parte menor.
Asimismo, expresa que el mismo excluye las sobrevaluaciones en los contratos adjudicados a Odebrecht a través del soborno, los 163 millones de dólares que dicha empresa admite haber ganado gracias a los sobornos, que se constituyen con toda claridad en enriquecimiento ilícito y el costo financiero del dinero de los contribuyentes dominicanos.
“Pretender que no se devuelva lo que la empresa se ganó con el fraude, equivale a decir que bastará con que devuelva lo robado para librarse de todo tipo de sanción y para colmo seguir operando en la República Dominicana como si nada hubiese pasado, lo que debe ser inadmisible para el pueblo y el gobierno de la República Dominicana”, expresa PC en una nota de prensa.
A su entender, el acuerdo debió haber incluido una cláusula que estableciera que las sumas y forma de pago se acuerdan de manera preliminar y que las cifras y conceptos definitivos serán establecidos luego de culminadas las investigaciones y validados por los tribunales dominicanos.
Igualmente, lamenta que con la firma del acuerdo no se haya obtenido absolutamente ninguna información sobre los funcionarios públicos dominicanos que fueron sobornados, pues lo que está bajo confidencialidad en Brasil son las delaciones de 77 ejecutivos de Odebrecht, pero no la información que ésta tiene en sus archivos a través de su División de Sobornos.
Para Participación Ciudadana, el Gobierno dominicano debe actuar como lo está haciendo con el caso de Los Tres Brazos y rescindir todos los contratos que Odebrecht tiene actualmente en la República Dominicana, amparado en la Ley de Compras y Contrataciones, que permite la rescisión unilateral de los contratos sin responsabilidad para el Estado dominicano en casos como éste, como lo han hecho ya otros países.
“Existe gran desconfianza de la ciudadanía de que se identifiquen a todos los responsables y recaigan sobre ellos las sanciones más drásticas que establece nuestro ordenamiento legal, por lo que se ha solicitado, y nos sumamos a este reclamo, la designación de fiscales adjuntos independientes que trabajen el caso con la colaboración de las Naciones Unidas”, concluyó PC.
