SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento cívico Participación Ciudadana proclamó este 2017 como el Año de lucha por el fin de la Impunidad, comprometiéndose a brindar constante apoyo a la Marcha Verde, tras considerar que la única garantía para revocar las elevadas tasas de corrupción en el país es la presión masiva y persistente de la sociedad.
Así fue declarado en el marco de la celebración de su XXIII Asamblea General Ordinaria, realizada en el Salón de Actos del Convento de los Dominicos, en la que las y los miembros activos de la organización participaron del proceso de evaluación y planificación anual, y seleccionaron cuatro de doce integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización cívica.
En el acto de proclama, se determinó priorizar la promoción de conciencia sobre “las graves implicaciones sociales, económicas e institucionales de la corrupción en todas sus expresiones y de la impunidad que la fomenta”, así como de los principios constitucionales y legales que proscriben y sancionan estos flagelos. También se decidió promover la creación de un Comité Jurídico que se constituya en parte civil acusatoria en casos documentados de corrupción.
Asimismo, se reafirmó el compromiso de “elevar la presión por la aprobación de las tantas veces aplazadas reformas políticas y electorales llamadas a establecer límites a la malversación de los recursos públicos, al rentismo y el clientelismo corruptor, a regular efectivamente y transparentar la gestión partidista y las campañas electorales”.
La coordinadora general, Josefina Arvelo, hizo un recuento de las principales acciones y avances de 2016, destacando el importante rol del movimiento en el proceso de observación en las pasadas elecciones, en el que participaron 2,377 voluntarias y voluntarios. Resaltó además las demandas por mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Se refirió igualmente a las múltiples acciones de incidencia y educación para la defensa y fortalecimiento de la justicia y la seguridad ciudadana, así como para la transparencia e integridad en la gobernabilidad financiera.
Informó que en el pasado año se celebró el décimo aniversario del programa Casa Comunitaria de Justicia (CCJ), desde el cual se impulsa la creación de centros de mediación y conciliación en distintos puntos del territorio nacional para contribuir a la construcción de una cultura de paz y seguridad ciudadana. En 2016 se inauguró la 9na Casa Comunitaria de Justicia y se logró beneficiar a 46,224 personas, para un alcance de más de 257,000 beneficiarias y beneficiarios en el período de vida del proyecto.
