SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), y alcalde de Azua, Rafael Hidalgo declaró este martes que urge atender los reclamos de los alcaldes del Gran Santo Domingo, ante las graves consecuencias que la situación del vertedero de Duquesa puede acarrear en el transcurso de la Semana Santa.
Indicó que el Estado debe tomar el control de la situación a través de los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública para emplazar a la empresa Lajún Corporation y llevar la administración de Duquesa a la legalidad, transformando su gestión en respeto y garantía de las condiciones sanitarias y ambientales que merece el país.
“La administración del vertedero de Duquesa es una cuestión de ámbito e interés nacional debido a la graves implicaciones que su gestión tiene para la salud pública y el medio ambiente en una región donde habita aproximadamente el tercio de población del país por lo que se requiere una respuesta de Estado, una respuesta conjunta entre los ministerios involucrados y los ayuntamientos” afirmó Hidalgo en un comunicado de prensa.
El alcalde de Azua ponderó las diversas situaciones contrarias a la ley en las que está operando la gestión del vertedero de Duquesa. Por un lado, el presidente de la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados comunicó que, tras la realización de la debida investigación, se concluyó que la venta de los terrenos del vertedero de Duquesa nunca fue objeto de aprobación por el Congreso Nacional.
Asimismo, vista la resolución no. 53-2014 de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, se advierte que el proceso de contratación de dicha empresa se realizó en violación a la ley 340-06.
Por último, existen diversas condiciones del contrato que Lajún mantiene con los ayuntamientos del Gran Santo Domingo que han sido incumplidas, entre las que se destaca el aumento arbitrario, sin comunicación ni aprobación previa, del precio de la tonelada de basura recibida.
“Existen sobrados motivos para reconducir esta situación de modo que por un lado, el Ministerio Público realice las investigaciones de lugar sobre la propiedad de los terrenos aclarando su situación jurídica real y por otro, el Poder Ejecutivo, en virtud del artículo 78 de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, intervenga las instalaciones de Duquesa ante el riesgo ambiental que supone su inadecuada administración y se busque, en conjunto con los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, una solución integral y definitiva a la gestión del servicio de disposición final de los residuos sólidos”, reiteró Hidalgo.
