Resalta que la nueva normativa contiene 11 propuestas hechas por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, que harán más efectiva la lucha contra la corrupción y la impunidad
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República valoró como un gran avance y aporte a lucha efectiva contra el lavado de activos, la promulgación de la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Considera que esta nueva normativa, que contiene once de sus propuestas, permitirá al Estado dominicano contar con las herramientas necesarias para atacar y erradicar de manera eficaz el lavado de activos, conforme a los lineamientos internacionales más recientes.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, quien forma parte del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, participó de manera activa junto a miembros de la recién creada área de Desarrollo Legislativo y Regulatorio del Ministerio Público en la conformación de la recién promulgada ley.
Como parte de los aportes a la conformación de esta ley, el procurador Rodríguez presentó propuestas de modificación al proyecto y realizó observaciones de forma y fondo que fueron acogidas en su totalidad, las cuales tienen la finalidad de hacer más efectiva la lucha contra la corrupción y la impunidad.
En una nota de prensa, explica que sus propuestas fueron hechas en torno a diferentes aspectos, incluyendo el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como delito precedente del lavado de activos.
Expresa que con la implementación de esta nueva ley se podrá combatir con mayor firmeza y eficacia todas las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes.
Sanciones
La nueva Ley contra el Lavado de Activos contempla una pena máxima de 20 años de prisión y una mínima de 10 años. Además establece el decomiso de los bienes y duplica la penalidad económica.
Asimismo, en el caso de los funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los ejecutores del lavado de activos por acción u omisión, o que revelen información confidencial a terceros, la pena mínima pasará de 6 meses a 2 años.
