Barcelona, España | AFP | Grupos de resistencia del independentismo catalán convocaron este miércoles manifestaciones ante el parlamento regional para presionar por la proclamación de una República independiente de España ante la amenaza de una toma de control de la región por parte de Madrid.
La marcha, que podría terminar con una acampada frente a la cámara regional, se produce en la víspera de un pleno parlamentario convocado el jueves a las 10H00 (08H00 GMT) en el que los independentistas más radicales esperan que se declare la secesión.
Pero el ejecutivo regional dirigido por Carles Puigdemont duda entre declarar la secesión o convocar elecciones regionales, como proponen algunos de sus integrantes, según explicó una fuente de su entorno a la AFP.
Con esto querrían evitar la intervención de la autonomía regional a través del artículo 155 de la Constitución española que debe votarse el viernes en el Senado en Madrid.
“Ni 155, ni elecciones. Ahora República” es el lema de esta manifestación convocada a través de las redes sociales que debe empezar a las 19H30 (17H30 GMT) frente a la sede del gobierno regional y marchar hasta el parlamento donde quieren acampar hasta el jueves.
Sus organizadores son los llamados Comités de Defensa del Referéndum creados en barrios y municipios de la región para coordinar la resistencia ciudadana ante el intento de Madrid de impedir la votación del 1 de octubre.
Ese día, sus militantes se concentraron desde primera hora de la mañana ante centenares de colegios electorales para evitar la entrada de la policía que por orden judicial debía incautar el material de votación.
La actividad de estos grupos de resistencia se acentuó en los últimos días ante la inminente intervención de la administración regional para frenar los planes separatistas.
El martes por la noche se celebraron varias reuniones por la región para preparar las acciones de los próximos días en las que se propuso desde rodear el parlamento regional hasta la convocatoria de una huelga de varios días, constató la AFP.
Las relaciones entre el gobierno español y la administración catalana se encuentran en su peor momento desde la restauración de la democracia en el país hace cuarenta años a raíz del referéndum inconstitucional celebrado el 1 de octubre.
Según el gobierno de Puigdemont, un 43% del censo votó en esa consulta y un 90% del electorado apoyó la independencia lo que, en su opinión, les da legitimidad para declarar la secesión.
