SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Antonio Taveras Guzmán explicó que la suspensión del visado y el congelamiento de activos en territorio norteamericano a uno de los imputados del caso Odebrecht es una objeción a la administración de la justicia dominicana.
Mediante un comunicado de prensa, Taveras Guzmán manifestó que los mensajes y acciones del gobierno de Estados Unidos sobre el manejo del caso Odebrecht constituyen un fuerte cuestionamiento a las instituciones dominicanas y ponen en entredicho la seguridad jurídica del país.
El empresario aseguró que si en República Dominicana funcionara un verdadero sistema de consecuencias, y si el Ministerio Público fuera independiente, la ciudadanía no estuviera sufriendo la vergüenza y el bochorno de ver a poderes foráneos insinuando cómo la sociedad dominicana debe enfrentar uno de los más grandes escándalos de corrupción de su historia.
Indicó que las debilidades institucionales y la falta de confianza en el sistema judicial frenan las inversiones privadas, necesarias para el crecimiento económico y crean incertidumbre en el clima de negocios y en las empresas ya establecidas en el país.
Asimismo, pidió a la sociedad dominicana estar pendiente al caso Odebrecht desde los primeros días de enero del 2018, cuando se comienza a vencer el plazo que tiene el Ministerio Público para procurar una verdadera aplicación de justicia por las denuncias de sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento ilícito de campañas relacionadas con las operaciones de la multinacional en el país.
“En las primeras semanas de 2018 los sectores que aspiramos a vivir y desarrollarnos en un país donde la aplicación de la ley sea igual para todos y todas, tenemos el deber de dar seguimiento paso a paso al caso de Odebrecht, para que no se imponga la impunidad ni los intereses políticos y económicos que nos mantienen estancados en el subdesarrollo”, concluyó Antonio Taveras Guzmán.
