“Venezuela viene atravesando una crisis económica y social marcada por un contexto de escasez y de desabastecimiento de alimentos y de medicamentos que se estaría incrementado de modo alarmante”, señaló en un comunicado la Comisión, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
La CIDH dijo que la situación afecta en particular a las personas, grupos y colectivos en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza, “resultando especialmente grave para niños y niñas, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas privadas de libertad, y personas mayores”.
“Todo este contexto estaría produciendo desesperación en la población que ha salido a manifestarse en diferentes ocasiones, en algunas de ellas tomando por la fuerza productos de establecimientos comerciales y unidades de carga que transportan alimentos”, dice la Comisión en el comunicado.
Como resultando lamentable, entre el 31 de diciembre de 2017 y el 9 de enero 2018 han sido reportadas tres muertes debido al enfrentamiento y la violencia entre personas tratando de conseguir alimentos y personal de seguridad.
La CIDH subraya en el comunicado que Venezuela tiene obligaciones específicas respecto de los derechos a la alimentación y a la salud que provienen tanto de la Declaración Americana de Derechos Humanos como de su propia Constitución y marco legal.
“Los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han establecido que la salud y la alimentación debe también entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, lo cual implica obligaciones para los Estados de adoptar medidas para el ejercicio de tales derechos”, dice la Comisión.
