Santo Domingo, República Dominicana.- Organizaciones defensoras del derecho a la salud exigen al Estado que someta a legalidad a las empresas aseguradas de riesgos laborales y de salud (ARS), las cuales violan constantemente la ley 87-01 de Seguridad Social en perjuicio de más de tres millones y medio de personas afiliadas.
La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), el Centro Juan Montalvo, Ciudad Alternativa, INSALUD y el Centro para el Desarrollo y la Educación (CEDUCA) advirtieron que a 17 años de promulgada la ley de Seguridad Social todavía no se ha aplicado a cabalidad el Plan Básico contemplado en el Seguro Familiar de Salud debido a la resistencia de las ARS y a la negligencia del Estado.
Como consecuencia de ese incumplimiento las personas aseguradas tienen que pagar de sus bolsillos más del 46% de los servicios de salud que requieren.
“Las ARS privadas no conforme con las fabulosas ganancias que obtienen del negocio de la salud también se oponen a cualquier iniciativa gubernamental encaminada a garantizar la aplicación de la ley”, afirman las organizaciones.
Organizaciones defensoras del derecho a la salud exigieron al Estado que someta a legalidad a las empresas aseguradas de riesgos laborales y de salud (ARS), las cuales, alegan, violan constantemente la ley 87-01 de Seguridad Social en perjuicio de más de tres millones de afiliados.
Integrantes de la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa), el Centro Juan Montalvo, Ciudad Alternativa, Insalud y el Centro para el Desarrollo y la Educación (Ceduca) advirtieron que a 17 años de promulgada la ley de Seguridad Social todavía no se ha aplicado a cabalidad el Plan Básico contemplado en el Seguro Familiar de Salud debido a la resistencia de las ARS y a la negligencia del Estado.
Los representantes de esas entidades dijeron que como consecuencia de ese incumplimiento, las personas aseguradas tienen que pagar de sus bolsillos más del 46% de los servicios de salud que requieren.
“Las ARS privadas no conforme con las fabulosas ganancias que obtienen del negocio de la salud también se oponen a cualquier iniciativa gubernamental encaminada a garantizar la aplicación de la ley”, afirmaron dirigentes de esas organizaciones en un documento leído durante una marcha frente el Tribunal Superior Administrativo.
Pusieron como ejemplo la oposición de estas empresas a la suspensión del innecesario e ilegal Reglamento de Apelaciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social que se ha convertido en un instrumento abusivo contra los afiliados al Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud.
