Las declaraciones dadas por la señora Robin Bernstein, nominada a embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, en el sentido de que trabajará para que se respeten los derechos de los haitianos que se sienten afectados por la histórica sentencia 168-13 dictada por el honorable Tribunal Constitucional, no debe provocar alarma, pero sí toda la atención de las autoridades y el pueblo.
De entrada, ya el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, reiteró el rechazo del gobierno a la irresponsable denuncia sobre la supuesta presencia de apátridas en el país y ratificó nuestra condición de país soberano a quien le corresponde el derecho de establecer leyes y normas de control migratorio con plenas garantías de defensa al territorio dominicano y la nacionalidad.
Tomemos en cuenta que la señora Bernstein hizo el señalamiento en respuesta a la pregunta de un senador estadounidense demócrata sobre lo que haría la potencial embajadora ante las denuncias de apatridia que haitianos y organizaciones sociales patrocinadas desde el exterior le atribuyen al país.
Se trata pues, de la reiteración de una conducta de importantes estamentos de los Estados Unidos que junto a otras potencias tienen años procurando y presionando a nuestro país para que nos hagamos cargo de la pesada carga de un pueblo que como el haitiano ha sido sometido a la indigencia y a la devastación institucional tras largos periodos de saqueos perpetrados precisamente por esas poderosas naciones.
A la señora Bernstein, si es ratificada en el puesto, que venga, ocupe su asiento e inicie su agenda que, según ella también, viene precedida de las mejores intenciones hacia una República Dominicana con quien su nación mantiene lazos de amistad y cooperación.
De nuestra parte, autoridades y pueblo deberemos mantenernos como siempre en alerta ante cualquier desvarío diplomático o de cualquier otra naturaleza que se aparte de la suprema sentencia de la libre determinación y el respeto mutuo que defenderemos en forma permanente y sin desmayo.
