EFE.- El Parlamento venezolano pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visite y evalúe el sistema carcelario del país tras la muerte el pasado miércoles de 68 personas en un incendio en una comisaría en Valencia, capital del céntrico estado Carabobo.
La Cámara, de mayoría opositora, que también designó hoy durante su sesión ordinaria una comisión especial de investigación sobre uno de los peores sucesos en un centro de reclusión en el país en los últimos 25 años y por el que, de momento, hay cinco policías detenidos.
El diputado por Carabobo Carlos Lozano presidirá una comisión que también está formada por el parlamentario y abogado constitucionalista Juan Miguel Matheus, la presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, y los legisladores Richard Blanco y Dennis Fernández, todos opositores.
Este organismo se encargará de llevar a cabo las “investigaciones conducentes para el establecimiento de las responsabilidades penal, civil y administrativa” de unas muertes por incendio que se dieron, según el Ministerio Público (MP), derivadas de un intento de fuga.
Buscará a los posibles responsables entre los funcionarios que el Parlamento considera implicados y que comienzan con el presidente Nicolás Maduro, la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, el titular de Interior y Justicia, Néstor Reverol y el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.
Varela aseguró ayer que su ministerio no tiene competencia sobre los detenidos en las comisarías y señaló que Venezuela “exhibe el mejor sistema penitenciario del mundo”.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), decidió también hoy impulsar “un marco normativo apropiado para la reforma integral del sistema penitenciario venezolano”, y que es considerado por el Legislativo como “el pero del mundo”.
Durante el debate sobre el suceso de Carabobo, se dio derecho de palabra a Wilcar González, una de los familiares de los fallecidos , que pidió justicia por la muerte de los 66 presos, uno de ellos su marido, y dos mujeres que estaban de visita.
“Queremos que los cuerpos sean exhumados primeramente porque (…) hay muchos familiares que dicen que sus tíos, sus esposos, sus hermanos tenían impactos de bala”, dijo González, quien aprovechó para denunciar que en la comisaría había “mucha corrupción” y que debían pagar para poder visitar a sus parientes detenidos.
Sobre la situación de los detenidos en las comisarías de Venezuela el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, pidió ayer “declarar en emergencia” el sistema de justicia “en pleno” y acusó a la lentitud a la hora de ejecutar juicios y sentencias de propiciar el hacinamiento en los calabozos.
Un hacinamiento del que Saab no dio cifras, pero aseguró que en los calabozos policiales en la actualidad “hay más de 25.000 privados de libertad” de los que 3.000 “ya están condenados” y “no deberían estar ahí” sino ya en una prisión.
El que también fuera defensor del Pueblo pidió que la muerte de estas 68 personas “sea una gran alerta nacional” para que se comience “un trabajo realmente definitivo para el deshacinamiento de las estaciones de policía”.
Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) el centro de detención preventiva de Carabobo albergaba sobre 200 reclusos, pese a que “su capacidad instalada es de 30 internos” y su director, Humberto Prado, atribuye también el hacinamiento al “retardo procesal” y al que añadió “la falta de otorgamiento de medidas alternativas de libertad”.
Prado defiende que los detenidos en calabozos policiales ascienden a alrededor de 32.600 personas cuando el cupo es “más o menos es para 8.500”.
