AFP.- Ecuador confirmó este viernes el asesinato en cautiverio de los dos periodistas y el chofer del diario El Comercio secuestrados el 26 de marzo, y lanzó acciones militares en la frontera donde fueron secuestrados por rebeldes disidentes colombianos.
La noticia enmudeció a Ecuador, que nunca había sido víctima con tanta crueldad de la violencia derivada del narcotráfico que enfrenta Colombia.
Visiblemente dolido, el presidente Lenín Moreno le anunció al país desde un salón de crisis: «Tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas».
Varios reporteros estallaron en llanto. En la sede de gobierno decenas de personas, en silencio, dejaron flores sobre una tela blanca con el rostro de las víctimas.
El mandatario decretó duelo nacional por cuatro días y ordenó bajar la bandera a media asta.
«Me duele en el alma. Yo quiero que cojan a este señor (que hizo esto) y le den la pena máxima», dijo sollozando Rosa Villacrés, una ama de casa de 55 años.
Moreno se dirigió a un país consternado tras cumplirse el plazo de 12 horas que le dio a los captores, un frente disidente de la guerrilla de las FARC comandado el ecuatoriano Walter Artízala, conocido como Guacho, para que entregaran pruebas de vida de los rehenes.
La incertidumbre reinaba desde la víspera cuando se conocieron fotografías de tres hombres encadenados y ejecutados.
El periodista Javier Ortega (32), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) habían sido tomados como rehenes en la localidad costera de Mataje, limítrofe con Colombia, donde realizaban un reportaje sobre la violencia que al final segó sus vidas.
Las autoridades ecuatorianas ahora buscan que organismos internacionales, la Iglesia Católica y la Cruz Roja Internacional CICR localicen los cuerpos.
Desde Lima, donde participa en la Cumbre de las Américas, el presidente Juan Manuel Santos expresó su condena y aseguró que los hechos «ocurrieron en el Ecuador, con un individuo de nacionalidad ecuatoriana».
Sin embargo, Quito cree que los tres fueron asesinados en territorio colombiano. El CICR, por su parte, anunció que ya fue contactado por todas las partes implicadas, incluidos los captores, para «facilitar una posible operación de recuperación de los restos».
