EFE.- Una treintena de autoridades políticas y referentes sociales y culturales de Argentina participan hoy en la segunda jornada de debate en comisión parlamentaria del proyecto de ley que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en el país.
Escritoras, editores, abogados, médicas, periodistas, activistas y diputados, a favor y contra de la despenalización del aborto, intervienen en la reunión de las comisiones de Legislación General, Salud Pública, Familia y Legislación Penal, que se celebrará cada martes y jueves hasta finales de mayo para articular un proyecto definitivo y entregárselo a la Cámara de Diputados para su debate.
Durante su intervención, la escritora Claudia Piñeiro mostró un documento firmado por 200 autoras argentinas a favor de la legalización del aborto y criticó que quienes están en contra están tratando de «imponer su punto de vista».
«No permitamos que nos roben la palabra vida (…). No puedo permitir que los diputados, los ministros o el señor presidente (Mauricio Macri) pequen de ingenuos. Cuando dicen que no están de acuerdo con la ley porque están de acuerdo con la vida, están haciendo una operación de lenguaje para separar a la sociedad y dejarnos afuera», denunció.
Piñeiro consideró «grandioso» que Macri, pese a estar en contra, haya permitido que tenga lugar el debate del proyecto, pero pidió que se deje de utilizar ese argumento: «Yo también estoy por la vida y defiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No nos ofendan más, no nos discriminen más: por la vida estamos todos».
«Cambiaron los tiempos. Las mujeres estamos acá para defender nuestros derechos y no nos vamos a retirar. Les pedimos a ustedes, por favor, que cumplan con su deber», agregó dirigiéndose a los diputados que deberán debatir el proyecto definitivo.
El Código Penal vigente desde 1921 en el país considera el aborto un delito, aunque contempla que «no es punible» en dos casos: cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.
El proyecto, que es la séptima vez que se presenta, establece que toda persona gestante tiene derecho a interrumpir su embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación.
Después de ese plazo, estaría permitido en los dos casos que contempla el Código Penal y, además, si existen malformaciones fetales graves.
Para el editor Alejandro Katz, la nueva ley «debe incluir a la decisión razonada de la mujer como una causa suficiente para decidir» porque esa modificación «no altera las bases morales» de la actual, sino que «le da sentido pleno a la voluntad del legislador».
«La vida y la salud de la mujer deben privilegiarse y su voluntad no puede ser forzada», apuntó antes de afirmar que un cambio en la normativa no provocará un cambio en las prácticas abortivas sino en las «condiciones» en las que se realizan, permitiendo que sean «sanitaria y afectivamente adecuadas».
Además, a su juicio, se podría acabar con la «extrema inequidad» que existe entre quienes pueden pagar uno en una clínica privada y quienes se ven obligadas a hacerlo en «condiciones miserables».
Con él coincidió Laura Velasco, integrante de la asociación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), al señalar que la legalización del aborto es una «causa de salud pública y de justicia social» porque «son las más pobres y las más jóvenes las que mueren en la Argentina por aborto clandestino».
En ese sentido, destacó que en Europa o en países como Uruguay, donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada, no solo las mujeres gestantes «no mueren», sino que, además «se realizan menos abortos».
