La Fiscalía se apoyó en un informe presentado por la Policía Federal, que halló indicios de que Temer sancionó un decreto que alteró la ley de puertos y benefició a algunas empresas del sector portuario.
De acuerdo con el Ministerio Público Federal, una de las principales empresas beneficiadas por la firma del decreto fue Rodrimar, que opera en el puerto de Santos (Sao Paulo), un reducto de influencia política de Temer.
Rodrimar ha sido señalada por los investigadores como una de las principales responsables por el pago de coimas a Temer, quien habría recibido unos 32.6 millones de reales (unos 8.3 millones de dólares) de dinero ilícito.
La investigación del decreto de puertos fue abierta en septiembre de 2017 a partir de revelaciones y pruebas recogidas en acuerdos de colaboración judicial con algunos acusados que apuntaron la participación del jefe de Estado.
Desde que asumió la Presidencia, a mediados de 2016, Temer ha sido objeto de diversas sospechas de corrupción que incluso, en dos ocasiones, llegaron a materializarse en denuncias formales presentadas por la Fiscalía General ante la Corte Suprema.
