SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público del Distrito Nacional informo este viernes que impuso prisión preventiva como medida de coerción a un hombre, imputado que le habría ocasionado la muerte al vigilante de un hotel, luego de despojarlo de su arma de fuego, en un hecho ocurrido en el sector Villa Francisca, el 12 de noviembre 2018.
Tras considerar suficientes los elementos presentados por el Ministerio Público, el juez de la Oficina de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, ordenó que el imputado Edwin Pinales, alias Chicho, sea enviado a la Penitenciaría Nacional La Victoria, donde cumplirá la medida de tres meses de prisión preventiva.
Sobre el caso, el expediente depositado por la Fiscalía del Distrito Nacional narra que alrededor de la medianoche un residente del área vio cuando el presunto homicida Edwin Pinales escaló hasta la azotea del Hotel Caribeño, localizado en el referido sector, donde laboraba como guardián de seguridad la víctima Julio Suriel.
Un empleado del establecimiento fue informado de que había una persona extraña en la azotea, por lo que el vigilante Julio Suriel tuvo que dirigirse hasta el lugar para ver que sucedía, conforme detalló en audiencia la fiscal litigante Evelyn Cadette.
Destacó que fue en ese momento que el imputado advirtió la presencia de la víctima y sorpresivamente le golpeó con un block en la cabeza, le despojó de su revólver y le propinó dos disparos, causándole la muerte inmediata, y rápidamente huyó de la escena del crimen.
Las investigaciones del órgano persecutor, representado por el procurador fiscal Cesarino Minyety, indican que el área por donde alias Chicho subió al lugar de los hechos está vigilada por cámaras de seguridad, cuyos videos fueron analizados por el Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) y aportados al tribunal.
A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público informó que la conducta del imputado, por la presunta comisión de estos punibles actos, ha sido calificada como violación a los artículos 295, 304, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
