LIMA (AP) — Encarcelada mientras es investigada por presuntamente lavar dinero de la empresa brasileña Odebrecht, la líder opositora Keiko Fujimori decidió no declarar el lunes en un interrogatorio por el caso.
El fiscal del caso, José Domingo Pérez, confirmó la negativa a declarar de la política opositora tras salir de la cárcel de mujeres donde había llegado para tomar las declaraciones de la hija del expresidente Alberto Fujimori.
Pérez añadió que las preguntas estaban relacionadas a las investigaciones con las que se busca determinar el origen del dinero que Fujimori, de 42 años, usó en sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Decenas de simpatizantes de Fujimori forcejearon con la policía para acercarse al fiscal Pérez, a quien le gritaron “desgraciado” y le arrojaron botellas con agua. El fiscal cayó al piso y luego se levantó sobándose la nuca, según imágenes fotográficas difundidas por los medios locales. La fiscalía indicó luego que Pérez y una fiscal adjunta que lo acompañaba presentaron una denuncia por la agresión ante una comisaría policial cercana a la cárcel.
En varios mensajes publicados en su cuenta oficial de Twitter, la política señaló que “después de vivir en carne propia los abusos y excesos, producto de la ausencia de justicia, he tomado la decisión de hacer valer mi derecho de guardar silencio frente a un fiscal que en mi caso ha perdido totalmente la objetividad”. No indicó si sólo se mantendrá en silencio para la presente diligencia o en las sucesivas que ocurrirán en adelante.
Pérez, fiscal que también investiga al expresidente Alan García por sus presuntos nexos con Odebrecht, se ha convertido en centro del desprestigio de los simpatizantes de ambos políticos.
En abril el fiscal Pérez y otros investigadores del caso Odebrecht interrogarán a Jorge Barata, uno de los exejecutivos más importantes de la constructora en Perú.
La oposición, que está en manos del fujimorismo y los aliados de Alan García, interpelarán el jueves al ministro de Justicia Vicente Zeballos por estar en contra del acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y la fiscalía. Los analistas afirman que este gesto busca golpear al gobierno del presidente Martín Vizcarra quien apoya las investigaciones anticorrupción.
El caso Odebrecht remece a la élite política de Perú, al igual que otros países de la región, luego que en 2016 la compañía constructora admitió que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica.