Santo Domingo, República Dominicano.- El Gobierno dominicano ha respondido este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que indicó en una resolución que el país no ha cumplido con la ejecución de ninguna de las reparaciones ordenadas a personas dominicanas y haitianas expulsadas.
También indicó que el Tribunal Constitucional (TC) “creó un ambiente de inseguridad jurídica al emitir la decisión TC-256-14 en noviembre del 2014, que estableció erróneamente que la CIDH no tenía competencia para decidir casos contra el país”.
Desde el Palacio Nacional, en vivo, este viernes, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, le recalca a la CIDH que la sentencia ha sido reconocida por otros organismos y agencias internacionales, así como por diferentes actores nacionales o internacionales que le dan seguimiento.
Asimismo, le rebate que el Estado dominicano se ha dotado de una base normativa, tanto a nivel constitucional como legal, que da respuesta a las diferentes situaciones que en materia de nacionalidad puedan presentarse en el país.
El funcionario expresó que contrario a lo que plantea la CIDH, el ordenamiento jurídico dominicano no genera apatridia.
De acuerdo al documento, el Estado dominicano no envió representación el pasado febrero a una audiencia ante la CorteIDH sobre la supervisión del cumplimiento de dos sentencias sobre los casos de dos niñas conocidos como “Yean y Bósico”, relativos a apatridia y discriminación a personas haitianas y dominicanas de origen haitiano.
También indica que el Estado dominicano lleva cuatro años sin informar a la Corte sobre el proceso de cumplimiento con las sentencias emitidas en su contra, resultando en un desacato de sus obligaciones derivadas de la Convención Americana.
Además, indica que la ausencia del Estado dominicano de la audiencia pública realizada el 8 de febrero de 2019 constituyó una “afrenta” a uno de los mecanismos más efectivos del Sistema Interamericano para avanzar en el cumplimiento de sentencias, hecho que solo ha ocurrido, hasta el momento, con el país y con Nicaragua.
Por ello, la CIDH determinó que la decisión TC-256-14, que afecta especialmente a hijos de haitianos nacidos en el país, “no tiene validez en el derecho internacional” y, en relación con el estado de cumplimiento de las medidas ordenadas en sus sentencias, la Corte consideró que “el Estado no ha cumplido con ninguna”.
