Santo Domingo, República Dominicana. Con motivo de celebrarse el miércoles el Día Mundial del Medio Ambiente, Participación Ciudadana y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, aseguran que el Estado dominicano viola Ley 64-00.
Recuerdan que esta Ley, sobre Medio Ambiente, establece que los municipios donde se realizan explotaciones de recursos naturales no renovables deben recibir el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos generados.
El director ejecutivo de PC, Carlos Pimentel, afirmó que no se puede hablar de derechos humanos en el marco de la industria extractiva cuando el Estado dominicano viola la Ley 64-00, de Medio Ambiente y dijo que “es inaceptable que a la fecha el gobierno dominicano no aplique de manera uniforme la disposición de la Ley”.
Por su parte, la vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UASD, Rosalía Sosa, resaltó que los gobiernos deben velar para que siempre que haya lugar, se efectúen estudios en cooperación con las comunidades afectadas, los cuales deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades de esta industria.
La conclusión salió a relucir durante un encuentro “Industrias extractivas y la protección de los Derechos Humanos en República Dominicana”, en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, con el objetivo de reflexionar sobre el impacto de las industrias extractivas y los Derechos Humanos de las poblaciones afectadas.
El encuentro también contó con la ponencia del diputado nacional del Frente Amplio, Fidel Santana, quien reflexionó sobre el rol del Congreso Nacional en la protección de las comunidades afectadas por la minería.
