Managua,(FE).- La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, tildó este martes de «cobardes», «terroristas» y «traidores» a los manifestantes opositores que, a su juicio, mataron a un militante sandinista que fue hallado muerto casi un año después de haber sido reportado como desaparecido.
Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega, dijo a través de medios oficiales que Bismarck Martínez, un trabajador de la Alcaldía de Managua reportado como desaparecido desde junio del año pasado y hallado en una fosa la semana pasada y cuya identidad fue confirmada hoy, fue asesinado por «criminales».
La versión del Gobierno es que Martínez fue secuestrado, torturado y asesinado por un grupo de manifestantes opositores que bloquearon la vía en la ciudad de Jinotepe, departamento de Carazo (sur), entre junio y julio de 2018.
Murillo calificó a los responsables de «terroristas», «traidores» y de haber pretendido «enterrar para siempre» el cuerpo de Martínez, «sin que pudiese su familia darle cristiana sepultura».
«Durante meses toda su familia y nuestros hermanos militantes, combatientes (sandinistas), buscaron a Bismarck en nuestra tierra sagrada, en los potreros, en los campos donde nos decían que los cobardes y traidores, los terroristas lo habían ido a tirar, luego de las abominables torturas que pudimos presenciar en los videos que ellos mismos subieron pretendiendo humillarnos», señaló.
«Pero ni pudieron, ni podrán. No es con odio, no es con perversidad, no es con ritos diabólicos que van a vencer la fe, la esperanza, la confianza y el buen corazón de los nicaragüenses», agregó.
Murillo anunció que el Gobierno rendirá este miércoles un homenaje póstumo a Martínez en el Palacio de la Cultura y el jueves celebrarán un acto partidario en su memoria.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 593 el número de las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 -que llama «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes»- y denuncia un intento de golpe de Estado.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad durante el conflicto.
Ortega, quien lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco las acusaciones generalizadas sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales.
