Santo Domingo, (EFE).- Las autoridades dominicanas interpusieron un reclamo formal ante la Justicia de Brasil para asegurarse el cobro de 124 millones de dólares pendientes de pago por parte de la constructora Odebrecht, informó este jueves la Procuraduría General de la República (PGR).
La acción se ha presentado después de que Odebrecht se acogiera a un proceso de recuperación judicial en Brasil para reestructurar sus deudas, tras declararse en bancarrota el pasado mes de junio.
La empresa brasileña llegó a un acuerdo con la Fiscalía dominicana en 2017 por el que debe pagar 184 millones de dólares en cuotas en un plazo de ocho años a cambio de que sus directivos no fuesen sometidos a la Justicia en el país, por el caso de pago de sobornos a políticos.
Esa cifra, de la que solo ha abonado 60 millones, es el doble de los 92 millones que la empresa admitió haber entregado en sobornos en el país entre 2002 y 2012 para obtener contratos de obras públicas.
Cerca de un centenar de ejecutivos de Odebrecht aceptaron colaborar con la Justicia, confesar sus delitos y señalar a sus cómplices a cambio de reducciones en sus condenas y otros beneficios judiciales.
El acuerdo conjunto permitió establecer la responsabilidad de la que era la mayor constructora de Brasil en numerosas corruptelas en ese país y en varias naciones latinoamericanas y africanas, entre ellos Colombia, Perú, Venezuela y República Dominicana.
Seis políticos y empresarios dominicanos son juzgados en el país caribeño por el caso de los sobornos, el de mayor magnitud de la historia reciente del país, ya que ha salpicado a las dos principales fuerzas políticas, el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Los seis imputados, entre los que figura el senador Tommy Galán, dos exsenadores y un exministro, han rechazado insistentemente haber recibido el dinero.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos y, de ser hallados culpables, podrían ser condenados a penas de entre 3 y 20 años de prisión.
