EFE
BRUSELAS.- Los líderes de la Unión Europea dieron este jueves luz verde definitiva al paquete de medidas por valor de 540.000 millones de euros adoptado por el Eurogrupo a principios de abril para apoyar a empresas, trabajadores y Estados afectados por el coronavirus en sus necesidades más urgentes.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, explicó hoy al término de una cumbre por videoconferencia que la UE quiere que esas medidas estén operativas el próximo 1 de junio.
Indicó que el paquete supondrá una “red de seguridad” para trabajadores, empresas y favorecer la inversión aunque, matizó, esas medidas “no son suficientes” para paliar el impacto económico de la crisis y por eso la UE trabaja para proponer un marco concreto a más largo plazo.
La adopción hoy del paquete acordado por el Eurogrupo era un paso necesario después del pacto alcanzado por los ministros del Eurogrupo, aunque el tema principal de la reunión no fue este, sino el fondo de recuperación ligado al futuro presupuesto comunitario para relanzar la economía tras la pandemia.
El paquete de ayuda consiste en particular en una iniciativa a corto plazo basada en tres pilares: una línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate, con 240.000 millones de euros en préstamos; un fondo del Banco Europeo de Inversiones con hasta 200.000 millones en créditos para empresas y un fondo temporal contra el paro con 100.000 millones.
Como condiciones para acceder a la línea -que podrá prestar a cada país hasta el 2 % de su PIB- se establece que los fondos se destinen a gastos sanitarios, directos o indirectos, por el coronavirus, y que los países refuercen después su economía, cumpliendo con las normas fiscales comunitarias.
Por otra parte, el fondo contra el paro “Sure” tendrá 100.000 millones para dar créditos en condiciones favorables a los países, que podrán usarlos para financiar esquemas de reducción de jornada subvencionada con el fin de evitar despidos.
Además se incluye el fondo del BEI, que contará con 25.000 millones en garantías aportadas por los Estados miembros para movilizar hasta 200.000 millones en préstamos a empresas, incluidas pymes, afectadas por la pandemia.
