SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), informa que ordenó la suspensión temporal de las operaciones comerciales en líneas de varias empresas en el país.
Entre las empresas se encuentran Ikea Dominicana y Casa Cuesta, debido a que estos tipos de comercios no les están permitidos vender durante el estado de emergencia decretado por el gobierno dominicano.
Anina Del Castillo, titular de Pro Consumidor, recordó que durante la cuarentena las empresas autorizadas a continuar brindando servicios a la ciudadanía son las que se dedican a las actividades básicas como los colmados, supermercados y las farmacias.
También, las estaciones de combustibles y los establecimientos que se dedican al expendio de alimentos crudos o cocidos, el sector financiero y bancario, el sector industrial, las zonas francas y empresas agrícolas.
La funcionaria explicó que las empresas dedicadas a las ventas de muebles, electrodomésticos y otros artículos del hogar no están autorizadas a comercializar sus productos, ya sea por las vías presenciales o por Internet, hasta tanto permanezca el periodo de excepción.
“Aunque estas empresas están vendiendo a través de plataformas para el proceso de venta y despacho de los productos, se requiere de personal que tendrán que salir de sus casas y movilizarse por las calles, lo que disminuye la eficacia de las medidas de confinamiento social que son necesarias para reducir el riesgo de contagio”, enfatizó del Castillo.
En ese sentido, exhortó a todas las tiendas que están vendiendo productos no esenciales e incluso haciendo especiales y descuentos, a suspender de forma inmediatas esas operaciones o serán drásticamente sancionadas.
La funcionaria, informó que Pro Consumidor se encuentra verificando los establecimientos, a fin de identificar las empresas que pudieran estar incurriendo en este tipo de prácticas, durante la crisis sanitaria que nos afecta.
Además, reiteró que la institución está tramitando y dando curso a las denuncias y reclamaciones de usuarios, con el objetivo de garantizar la salud y seguridad de los consumidores y proteger sus intereses económicos, por la vía digital teniendo en cuenta el contexto de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno por el coronavirus.
