Profamilia mostró este miércoles su preocupación por un eventual «aumento en la mortalidad materna y un incremento en las necesidades insatisfechas de planificación familiar» por la necesaria respuesta del Estado para enfrentar el coronavirus y el consecuente desvío de recursos para hacerle frente.
Así se desprende del informe técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) «COVID-19: Un Enfoque de Género», señala un comunicado de la entidad, que llama la atención sobre las cifras que atribuyen al aborto inseguro entre un 4.2 % y un 13.2 % de la mortalidad materna anual en el país, que no permite la interrupción del embarazo en ningún caso.
Estas cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ponen de manifiesto, según la entidad, la necesidad de permitir la interrupción del embarazo por causales en el Código Penal dominicano y observó que aunque la pandemia «nos ha hecho cambiar muchas cosas, consideramos que hay causas y temas en los que no se puede dejar de insistir, y el aborto por causales es uno de ellos».
En este sentido, enfatizó que durante más de 20 años se ha solicitado la modificación del Código Penal para que permita tres excepciones a la prohibición total de la interrupción del embarazo, y que en el país está criminalizada, aun cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo, cuando el embarazo es producto de violación o incesto, o cuando el feto es inviable.
Un aumento de embarazos no deseados en el contexto de penalización total del aborto obliga a muchas mujeres que carecen de recursos económicos a recurrir a abortos clandestinos en condiciones inseguras exponiendo su vida, apuntó Profamilia.
«Creemos que es muy importante y oportuno recordar esto ahora, cuando nos preparamos para ir a votar el próximo 5 de julio y (…) tendremos el poder de votar por personas que protejan y defiendan el derecho a la vida y a la salud de las tantas mujeres, adolescentes y niñas que se enfrentan a estas dramáticas situaciones», dijo la organización.
Destacó, asimismo, que desde 2012 se han presentado varios proyectos de ley para modificar el Código Penal, pero el país aún no cuenta con una norma que «evite a una madre el dolor de llevar a término un embarazo que no tendrá vida fuera del útero, a una niña o adolescente el trauma de parir cuando ha sido víctima de violación sexual o incesto, o el temor de una mujer cuando su vida corre peligro y cursa un embarazo».
República Dominicana se mantiene entre los únicos seis países de América Latina que mantiene una prohibición total de la interrupción del embarazo, junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Suriname, aunque el pueblo dominicano entiende que esta es una demanda justa y el 60 % ha expresado estar de acuerdo con que se regule el acceso al aborto en el país, según la encuesta Gallup-Hoy de 2019.
Noticia cortesía de la Agencia EFE
