Santo Domingo, RD.- Fundamentado en la figura de acción privada, el doctor Guido Gómez Mazara inició el sometimiento por difamación e injuria por ante los tribunales de Ángel Martínez y Rafael Linares, porque emitieron juicios falsos, irresponsables y totalmente fantasiosos caracterizando un ejercicio alegre e irresponsable de la comunicación social en el país y recreando una fatal tendencia de hacer de los medios escritos, impresos y las redes sociales receptores de un vendaval de acusaciones inducidas por intereses partidarios en el calor de las disputas y competencias electorales.
Para el abogado, profesor universitario y dirigente político, una de las aberraciones de la cultura política nuestra es creer que en nombre del disenso y enfrentamiento de las ideas se pueden transgredir normas pautadas por el ordenamiento penal y la ley 6132 que en sus artículos 34 y 35 consignan los aspectos característicos de la injuria, y que se mal entiende que los procesos de elección de autoridades municipales, legislativas y presidenciales como cualquier escenario partidario sirven para la descalificación sin ningún tipo de consecuencias debido a que son parte del proceso, y no debe ser así porque se edifican mentiras y leyendas alrededor de aspirantes y miembros de la clase política con la intención de dañar.
Señaló que una de las manifestaciones aberrantes en los últimos 30 años de vida pública consiste en, desde el poder, utilizar los mecanismos institucionales para perseguir disidentes del oficialismo y se incurre en la bajeza de, sin orden de un juez, hacer de público conocimiento cintas de conversaciones de dirigentes, uso de la seguridad del Estado para asaltar aspectos de la privacidad y el establecimiento de un destacamento comunicacional de clara orientación gubernamental al servicio del aspirante de turno que distribuye con categoría de línea de orientación diaria ataques despiadados contra sus competidores, en su totalidad difamatorios, pretendiendo afectar su reputación y obtener dividendos electorales.
Gómez Mazara recordó las campañas rastreras utilizadas contra Peña Gómez, Milagros Ortíz Bosch, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y recientemente intentando desacreditar el candidato presidencial victorioso Luis Abinader y los ataques despiadados con la malsana intención de asociar a Roberto Furcal, José Paliza y a mí como receptores de fondos de actividades ilícitas.
Señaló que en lo personal respeta y disfruta el debate riguroso y siente que es el sello por excelencia de toda cultura democrática, pero las atrocidades y calumnias implementadas por una red de abogados y comunicadores deben ser respondidas en los tribunales y que los responsables carguen con todas las consecuencias jurídicas, especificando que de los tres sometidos, Melton Pineda le llamó pidiéndole excusas y se comprometió a publicar en un medio de comunicación una rectificación, siendo el único contra el que no llegará hasta las últimas consecuencias.
Finalmente, reiteró que la vía por excelencia para penalizar los excesos y la vocación difamatoria serán los tribunales y que los abogados Domingo Rojas, José Fiz, Joaquín Zapata y el doctor Medina Sánchez tendrán la responsabilidad de llevar hasta las últimas consecuencias a los sometidos en este primer ciclo debido que en los próximos días dos caballeros y una dama que, incurrieron consistentemente en un vendaval de consideraciones difamatorias, serán sometidos por otro grupo de juristas por ante la jurisdicción penal.
