Quito, EFE.- La Internacional Progresista (IP), una agrupación internacional de movimientos políticos de izquierda, ha manifestado su «alarma» por la suspensión por parte del ente electoral de Ecuador de una organización afín al expresidente Rafael Correa, de cara a las elecciones de 2021 en el país.
De reciente creación, integrada por más de 60 organizaciones progresistas, y de la que el propio Correa es miembro de su Consejo, la IP dio conocer este miércoles una carta dirigida a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al relator especial de Naciones Unidas sobre derecho a la reunión pacífica, Clément Nyaletsossi Voule, en la que urgen «a elecciones libres y justas en Ecuador».
«Estamos alarmados ante la negativa de las autoridades electorales a registrar a «Fuerza Compromiso Social,» el partido político asociado con Rafael Correa (…) en las próximas elecciones presidenciales», reza la misiva fechada este miércoles en Londres (Reino Unido).
Considera además, que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano es «una flagrante violación de las normas constitucionales e institucionales que deberían garantizar la ejecución de un proceso electoral libre y justo».
El órgano electoral resolvió la semana pasada suspender a cuatro formaciones políticas, entre ellas Fuerza Compromiso Social, que iba a aglutinar el favor del correísmo, por no haber cumplido requisitos para la obtención de su personería jurídica, como el 1,5 % de firmas necesarias.Quito, consejo Nacional electoral,
Con todo, el CNE dio la posibilidad a las agrupaciones de presentar pruebas de descargo, pese a la recomendación de la Contraloría General que solicitó la nulidad de los grupos.
Sin embargo, el movimiento afín a Correa considera que la suspensión es fruto de una persecución política y sus dirigentes aseguran que recurrirán a las instancias necesarias para recurrir la resolución.
En la carta emitida por la IP se menciona que «la democracia en Ecuador está bajo ataque» y pide medidas para «salvaguardarla» y «restablecer los derechos políticos y civiles al pueblo ecuatoriano».
Los 18 firmantes, entre los que figuran Noam Chomsky, el excanciller brasileño Celso Amorim, la abogada Renata Avila, y Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas griego, buscan «evitar daños irreparables a la integridad del proceso electoral en América Latina y en todo el mundo».
Enmarcan la decisión en una «guerra jurídica» («lawfare») contra la oposición política en Latinoamérica y remarcan que en Brasil, Bolivia y ahora Ecuador, «los partidos políticos y los gobiernos elegidos han enfrentado ataques jurídicos arbitrarios y discriminatorios» que socavan «el derecho de voto de los principales partidos y movimientos con amplio apoyo social».
La IP exhorta a los organismos a los que remiten la carta a que activen mecanismos independientes de observación «de la legitimidad e imparcialidad del proceso electoral en Ecuador» y medidas precautorias urgentes, «para las personas cuyos derechos han sido vulnerados».
