El anuncio tomó a muchos por sorpresa.
Este lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó un indulto para decenas de diputados opositores.
La medida, anunciada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, fue aprobada a través de un decreto presidencial y afecta a dirigentes de partidos políticos, pero también a actores sociales que estaban acusados de diversos delitos.
Algunos estaban presos pero también hay numerosos parlamentarios opositores afectados cuya inmunidad había sido allanada y que se encontraban en el exilio o en la clandestinidad, publicó BBC Mundo.
Uno de los beneficiados es Roberto Marrero, quien era el jefe de gabinete del líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela.
La medida, sin embargo, se produce en un momento en el que -al menos públicamente- sigue habiendo un enorme distanciamiento entre el gobierno y la mayoría de la oposición en Venezuela.
¿Qué está ocurriendo?
Una lista extensa
El indulto fue anunciado pocos días antes de que se venza el plazo para inscribir candidaturas para las venideras elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre.
La mayor parte de la oposición venezolana ha mantenido una actitud de cuestionamiento abierto hacia esta convocatoria debido a que consideran que no se configuran como unos comicios libres y competitivos.
Una parte de la oposición está buscando maneras de que ese proceso sea más justo.
El ministro Rodríguez dijo que los indultados tienen la posibilidad de participar en las elecciones pero afirmó que «no hay condicionamiento», por lo que podrán decidir libremente si desean participar o no.
En total, la lista de beneficiarios del indulto supera el centenar.
La decisión de Maduro incluye a destacados dirigentes de diferentes partidos de oposición, como Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional; así como a Henry Ramos Allup, quien presidió el Parlamento en 2016.
También resultó favorecido el diputado Freddy Guevara, quien era una de las voces más visibles de Voluntad Popular (el partido de Guaidó) hasta que a finales de 2017 se asiló en la Embajada de Chile en Caracas.
Más allá de los partidos, también fue indultado el politólogo Nícmer Evans, quien se alejó del oficialismo venezolano y pasó a engrosar las filas opositoras tras la muerte de Hugo Chávez y fue detenido en Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Decisión polémica
De acuerdo con el gobierno de Maduro, estas medidas buscan impulsar la «reconciliación nacional».
Sin embargo, se trata de una decisión polémica por múltiples razones.
En primer lugar, porque muchos de sus beneficiarios no reconocen los delitos que se les estaban imputando ni la legitimidad de Maduro en la presidencia.
Así, por ejemplo, el diputado Américo de Grazia, uno de los mencionados en la decisión, rechazó tajantemente la misma.
Otro elemento controvertido, que afecta a los diputados opositores concretamente, radica en el hecho de que su inmunidad parlamentaria había sido allanada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano cuya elección no solamente fue desconocida por la oposición venezolana sino además por gran parte de la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea.
Un tercer factor en disputa reside en el hecho de que la medida no incluye a dos de los principales dirigentes de la oposición.
No resultaron favorecidos ni el fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien se encuentra asilado en la Embajada de España; ni el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, quien se encuentra inhabilitado administrativamente para participar en cualquier proceso electoral.
¿Por qué ahora?
Los indultos se producen en un momento particular, cuando el gobierno de Maduro impulsa unas elecciones parlamentarias con las que el oficialismo aspira a recuperar la Asamblea Nacional (AN), el único poder público en Venezuela que controla la oposición.
La AN es fundamental para aprobar los acuerdos internacionales mediante los cuales el gobierno puede recibir fondos y créditos internacionales.
Muchos analistas consideran que ese ha sido un factor determinante para que incluso gobiernos aliados de Maduro como Rusia y China han contenido su apoyo financiero al mandatario en los últimos años.
Pero para que la recuperación de la AN sea efectiva debe producirse de una forma tal que garantice su reconocimiento por parte de la comunidad internacional.
De lo contrario, el oficialismo corre el riesgo de que le vuelva a ocurrir lo que ya sufrió con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y con la reelección de Maduro en 2018, cuya legitimidad no es reconocida por más de medio centenar de países.
Estos procesos se realizaron en condiciones que la oposición y muchos actores internacionales consideraron inaceptables desde el punto de vista democrático.
Esta situación se ha vuelto a plantear nuevamente ahora.
A comienzos de agosto, un grupo de 27 partidos opositores -incluyendo a todos los que tienen representación parlamentaria- anunciaron un acuerdo para no participar en las elecciones del 6 de diciembre por considerarlas fraudulentas.
«El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva», afirmaron.
Además de las medidas contra las decenas de dirigentes opositores que ahora han sido indultados, en tiempos recientes ha habido una serie de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que han terminado arrebatando el control sobre los principales partidos de oposición a sus líderes tradicionales, dejándolos así sin capacidad efectiva para postular sus candidatos.
Al rechazo expresado por la mayoría de los partidos opositores, se suman las advertencias de la comunidad internacional.
A mediados de agosto, el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció la negativa de la UE a acudir como «acompañante» a los comicios legislativos venezolanos y aseguró que en ese país «en estos momentos, no se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo».
En su declaración, Borrell dijo que había estado en contacto con representantes de la oposición venezolana, cuyas condiciones mínimas para participar en un «proceso electoral creíble» trasladó al gobierno de Maduro.
El diplomático europeo aseguró además que para que la UE pueda desplegar una misión de observación electoral en Venezuela, «sería necesaria una respuesta precisa y ampliamente positiva a las condiciones mínimas planteadas por la oposición».
El indulto anunciado este lunes por el gobierno de Maduro podría ser un paso en esa dirección.
