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Piden Abinader dar de baja jefe del Cuerpo Ayudantes Militares de Sabana Grande de Boyá

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Los munícipes del distrito municipal de Gonzalo, de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, pidieron al presidente electo, Luis Abinader, en su gobierno entrante, dar de baja deshonrosa al actual el jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República, Adán Cáceres  Silvestre.

República Dominicana.- Los munícipes del distrito municipal de Gonzalo, de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, pidieron al presidente electo, Luis Abinader, en su gobierno entrante, dar de baja deshonrosa al actual el jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República, Adán Cáceres  Silvestre.

La solicitud surge  a raíz de que supuestamente, Cáceres  Silvestre, ha ocasionado daños ambientales y apropiación ilegal de terrenos en esa demarcación.

Asimismo, piden a las autoridades entrantes crear una comisión integrada por el designado ministro de Defensa,  mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa, Orlando Jorge Mera, quien será ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al próximo procurador general de la República, a fin de investigar las prácticas del Cáceres Silvestre en el distrito municipal de Gonzalo.

Indicaron que el general Cáceres Silvestre desde que el presidente Danilo Medina asumió la administración del Estado dominicano se ha apropiado de cientos de tareas de tierras, incluyendo la de la cuenca del río Boyá, donde recientemente derribó decenas de palmas reales y varios arboles, para sembrar limones, en franca violación a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Denunciaron que el general Adán Cáceres Silvestre a poco días de que el presidente Danilo Medina abandone el poder, cerró el camino que da acceso al río Boyá, en franca violación a la citada ley ambiental.

Recordaron que la cerca colocada por el general Cáceres Silvestre  viola el artículo 126 de la Ley 64-00, el cual que establece lo siguiente: “Todas las aguas del país, sin excepción algunas, son propiedad del Estado dominicano y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable. No existe la propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas”.

Advirtieron que Cáceres Silvestre también viola el artículo 127 de la referida ley ambiental, ya que establece: “Toda persona tiene derecho a utilizar el agua para satisfacer sus necesidades vitales de alimentación e higiene, la de su familia y de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicio a otros usuarios ni implique derivaciones o contenciones ni de máquinas o realización de actividades que deterioren y/o menoscaben de alguna manera, el cauce y sus márgenes, lo alteren, contaminen o imposibiliten sus aprovechamiento por terceros”.

Los campesinos de la zona manifestaron que en 50 y 60 años que tienen viviendo en el distrito municipal de Gonzalo y en el batey Las Taranas, ninguna autoridad ni civil ni militar ha hecho tanto daño a esa demarcación como el actual  jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidente de la República, Adán Cáceres Silverio.

Exhortaron al presidente electo Luis Abinader comenzar a dar un ejemplo en su gestión de cero corrupción e impunidad con el general Cáceres  Silvestre a la sociedad y a los cuerpos castrenses y policiales de que no permitirá abuso de poder.

En ese orden solicitaron al presidente Luis Abinader instruir a la doctora Milagro Ortiz Bosc, designada como la responsable de políticas de transparencia del nuevo gobierno, a fin de que investigue la procedencia de los bienes del jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República, ya que posee también una empresa avícola en el batey Las Taranas de Gonzalo de inversiones millonarias,  la cual puso en peligro, además la vida del río Boyá, debido a que las heces fecales de los animales fueron a parar al afluente.

Finalmente, instaron a la Sala Capitular de Sabana Grande de Boyá y del distrito municipal de Gonzalo, emitir resoluciones declarando al general Adán Cáceres Silvestre como persona no grata en esas demarcaciones, a causa de los daños provocados al medio ambiente y por la apropiación de terrenos del Consejo Estatal de la Azúcar de manera fraudulenta.

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