Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, (ADOCCO), respaldó la decisión de la Procuraduría General de la Republica de asumir todos los expedientes de corrupción que estaban en manos de la Fiscalía del Distrito Nacional.
La presidenta de ADOCCO, Evelyn De la Cruz García, entiende que con la medida se envía una señal de voluntad política de enfrentar la impunidad.
En una nota de prensa, apunta que al solicitar a la Fiscalía del Distrito el desapoderamiento y la devolución de los expedientes, la procuradora Miriam Germán Brito señala que los casos habían sido remitidos a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”.
Los casos que serán llevados por la Procuraduría son la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos; el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, que involucra a Manuel Rivas Faustino y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar, CEA, encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes.
También, uno contra José del Castillo, por la supuesta violación a la misma legislación; las denuncias presentadas contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group y Ricardo Andrés Castillo Terrero por violación a la Ley de Lavado de Activo y la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara.
En la instancia enviada el pasado 25 de agosto, la magistrada German Brito plantea que el Ministerio Público toma “todas las medidas necesarias” con el propósito de “garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos más relevantes para el órgano de investigación de la República Dominicana: perseguir con resultados eficientes los casos de corrupción”; recordando, que en uno de los considerandos, de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, ONU de lucha contra la Corrupción define ese flagelo como “una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad”.
En el requerimiento, la procuradora Miriam Germán Brito, explicó, mediante el auto remitido a Rosalba Ramos, procuradora fiscal del Distrito Nacional, expone, que los casos habían sido trasladados a esa jurisdicción sin un parámetro razonable.
