SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Consejo Superior del Ministerio Público acogió la inhibición de la procuradora general Miriam Germán Brito para conocer el caso Odebrecht, que se ventila en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
En lugar de la Procuradora, el Consejo Superior del Ministerio Público, designó a su primer sustituto, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, para todo lo relativo al proceso por supuesto sobornos de la empresa brasileña, a cambio de la adjudicación de abras del Estado a exfuncionarios.
Germán Brito recordó que la autonomía funcional pone bajo responsabilidad del Ministerio Público la investigación y persecución criminal, sin que otro órgano estatal, como el Poder Ejecutivo, representado por la figura del Presidente de la República, tenga potestad de participar en cualquier decisión relativa a ese ejercicio.
“Lo anterior deviene porque se ha dicho que el conocimiento de mi inhibición debía plantearse al excelentísimo señor Presidente”, argumentó la magistrada ante el Consejo, integrado por Ana María Luisa Burgos, procuradora adjunta; José Manuel Aguiló Talavera, de Corte de Apelación, y el fiscal Edward Manuel López Ulloa, con la asistencia de su secretaria general, Gladys Esther Sánchez Richiez.
Mientras, el Consejo recuerda que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación y ejercer la acción penal pública en representación de la sociedad, razón por la que sus actuaciones deben estar exentas de cualquier tipo de cuestionamiento.
También hizo referencia a los lineamientos sobre la Autonomía de los Órganos Constitucionales trazados por el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0001/15, del 28 de enero de 2015, la cual establece que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial son titulares de las funciones clásicas, pero, a la vez, “la Constitución instituye directamente la autonomía e independencia de órganos extrapoderes nuevos o renovados que son receptores de funciones o subfunciones desmembradas de los poderes tradicionales”.
Reafirman que “la sustitución de la Procuradora general de la República para un caso de naturaleza penal solo puede ser resuelto por el Consejo Superior del Ministerio Público, ya que al presidente de la República le está vedado designar fiscales para conocer casos específicos”.
Argumenta que el numeral 1, del artículo 32, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que “corresponderá a los procuradores adjuntos del procurador general de la República: 1. Sustituir al procurador general de la República en caso de ausencia temporal, excusa o recusación”.
Los imputados en el expediente de ODEBRECHT son: Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista, Juan Roberto Rodríguez, Conrado Pittaluga y el exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán.
