Son dos minutos y 18 segundos de video. Es noche de martes en Bogotá. Dos policías someten a un hombre. Se ven golpes, lo presionan contra el piso. Una y otra vez se oye el sonido de un taser, un arma que genera descargas eléctricas. La gente que graba pide: «Por favor, no le haga más».
El detenido, un abogado y taxista de 45 años llamado Javier Ordóñez, es trasladado a una unidad policial y, luego, a un centro hospitalario del occidente de la capital, publicó BBC Mundo.
Minutos después, muere.
El video generó una avalancha de indignación en Colombia: desde la alcaldesa, Claudia López, hasta el Fiscal, Francisco Barbosa, condenaron el hecho y anunciaron investigaciones y reformas.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, rechazó y condenó la actuación policial y dijo que ya hay una investigación abierta a los dos agentes, que fueron separados de sus cargos y, de momento, irán a la justicia militar.
Muchos incluso compararon el suceso con el caso de George Floyd, un ciudadano afroestadounidense que murió tras la detención de un policía registrada en un video de más de 8 minutos que le dio la vuelta al mundo y generó un nuevo movimiento de protestas en contra de los abusos policiales y el racismo en Estados Unidos.
Pero el caso de Ordóñez, que supuestamente estaba incumpliendo una de las restricciones de la cuarentena, no parece haber sido suscitado por un acto de racismo, pero sí, según Alejandro Lanz, un abogado que estudia actos de abuso policial, «por una cultura policial y un sistema corrupto que premia los actos de abuso de la autoridad».
Lanz es codirector de Temblores, una ONG que este año ha documentado 162 casos de abuso policial que han resultado en al menos 11 homicidios.
Como en otros países de la región, la cuarentena impuesta por la pandemia obligó a la policía a fortalecer los mecanismos de control en busca de contener la dispersión del virus.
En Colombia, según un reporte de la policía que fue filtrado a los medios, eso ha generado 400 casos de abuso policial en los últimos meses.
Los detuvieron en cuarentena
«Estábamos tomándonos unos tragos en el apartamento de él, bajamos a comprar más trago. Pasó la policía, nos detuvieron, nos pidieron los papeles y eso. Uno de ellos le dijo a Javier ‘de esta no se me salva'», relató Juan David Uribe, uno de los testigos, a la cadena CityTV.
El coronel Guillén Alexander Amaya Olmos dio la versión policial.
«Se encuentra alrededor de ocho personas que están discutiendo y todo parece indicar que con ingesta de bebidas embriagantes. Les pide el favor, se trata de disuadir a estas personas, pero se vuelven agresivas. La policía debe someterlas».
Los testigos aseguraron que los detuvieron para ponerles una multa por violar una de las restricciones de la cuarentena, que aún prohíbe las reuniones y el consumo de alcohol en espacios públicos pese a que se relajaron muchas de las restricciones de movilidad.
Después de la represión que se ve en el video, Ordóñez y otras siete personas fueron trasladados a un Comando de Atención Inmediata de la policía.
Uribe, uno de sus amigos, declaró: «Cuando llegué (al CAI), ya mi amigo (Javier) estaba desmayado. Lo subimos a la patrulla para llevarlo al hospital. Pero él llega sin signos vitales. El médico me dijo que él había muerto a raíz de los golpes que le habían propiciado«.
Al momento de publicación de esta nota, las causas de la muerte de Ordoñez no han sido esclarecidas por el centro hospitalario ni la policía.
Represión para contener el virus
Personas detenidas cuando sacaban al perro, un hombre al que desnudaron y dispararon con chorros de agua, peleas entre civiles y policías: durante la pandemia se han denunciado decenas de casos de presuntos abusos policiales producidos por una supuesta pretensión de que se cumpla el aislamiento social.
Incluso los grupos armados ilegales que ejercen labores de control en algunos territorios remotos del país han matado gente que, al parecer, estaba violando medidas de bioseguridad.
El país vive una ola de masacres en regiones donde bandas armadas ligadas al narcotráfico se disputan el territorio tras la desmovilización de la guerrilla. Pero algunas de estas matanzas recientes, como la de Samaniego, en Nariño, que dejó 8 jóvenes muertos, parecen haber sido producto de la pretensión de los delincuentes de contener el virus.
La Defensoría del Pueblo reporta que al menos 30 personas fueron asesinadas por grupos ilegales bajo el pretexto de que incumplían normas de aislamiento.
El caso de Ordóñez tiene particularidades que no han sido esclarecidas, pero, según Lanz, son parte de un fenómeno general en Colombia: «Siempre que hay un homicidio como este, se justifica con que la víctima estaba consumiendo droga o robando o haciendo algo indebido, no importa si el ente de control es la policía o grupos armados al margen de la ley, y con eso justifican el abuso de fuerza».
Ya el año pasado la muerte del joven Dilan Cruz en el marco de las protestas estudiantiles había generado un debate sobre las armas de supuesta «baja letalidad» que usa la policía y la necesidad de una reforma de las fuerzas de seguridad tras el proceso de paz con la guerrilla en 2016.
Aunque las autoridades siempre lo han negado, durante años se han denunciado a través de audios y reportes filtrados que en la policía, así como en el ejército, operan sistemas de cuotas para imponer multas a cambio de recompensas.
Ordóñez, según los testigos, se lo dijo a los agentes: «Pónganme el comparendo (multa)». Fueron sus últimas palabras.
