Santo Domingo, República Dominicana.- Participación Ciudadana (PC) presentó este jueves el Balance del año 2020, asegurando que será inolvidable en la historia dominicana, por la cantidad de acontecimientos y situaciones cuyas consecuencias positivas y negativas, incidirán en el mediano y largo plazo.
En el aspecto político electoral será recordado como el año en que, después de 16 años continuos el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue desplazado del poder con el agravante de que sale dividido, dejando una estela de escándalos de corrupción y abuso del poder que ya están llegando a los tribunales.
Además, el fracaso de las elecciones municipales de febrero, a causa de fallas en el voto automatizado es un episodio relevante no solo por la crisis política e institucional que provocó, sino también por la pérdida de un estimado de más de dos mil millones de pesos invertidos en el proceso.
Destaca como aspecto positivo el triunfo de candidaturas, tanto a nivel local como nacional que dispusieron de pocos recursos y que recurrieron a campañas innovadoras y propositivas, alejadas del tradicional clientelismo.
Asismismo, PC resalta que el Congreso Nacional y los municipios se renovaron, se rejuvenecieron y dejaron atrás a personas que por décadas se habían impuesto con grandes recursos.
Agrega que, a pesar de la utilización masiva de los recursos del Estado a favor del candidato oficial y la obligada posposición a causa de la pandemia, las elecciones presidenciales y congresuales se celebraron el 05 de julio. Triunfó en ambos niveles el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el 16 de agosto asumió el poder Luis Abinader Corona.
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Participación Ciudadana presenta Balance del año 2020
El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó el Balance del año 2020, a través del cual, aseguran será inolvidable en la historia dominicana por la cantidad de acontecimientos y situaciones cuyas consecuencias positivas y negativas, incidirán en el mediano y largo plazo.
En el aspecto político electoral será recordado como el año en que, después de 16 años continuos el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue desplazado del poder con el agravante de que sale dividido, dejando una estela de escándalos de corrupción y abuso del poder que ya están llegando a los tribunales.
El fracaso de las elecciones municipales de febrero, a causa de fallas en el voto automatizado es un episodio relevante no solo por la crisis política e institucional que provocó, sino también por la pérdida de un estimado de más de dos mil millones de pesos invertidos en el proceso.
Un aspecto positivo a destacar en esta ocasión es el triunfo de candidaturas, tanto a nivel local como nacional que dispusieron de pocos recursos y que recurrieron a campañas innovadoras y propositivas, alejadas del tradicional clientelismo. El Congreso Nacional y los municipios se renovaron, se rejuvenecieron y dejaron atrás a personas que por décadas se habían impuesto con grandes recursos.
A pesar de la utilización masiva de los recursos del Estado a favor del candidato oficial y la obligada posposición a causa de la pandemia, las elecciones presidenciales y congresuales se celebraron el 05 de julio. Triunfó en ambos niveles el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el 16 de agosto asumió el poder Luis Abinader Corona.
El gobierno del presidente Abinader, asumió el poder con grandes promesas y expectativas de cambios institucionales, pero sobre todo con el compromiso de combatir la corrupción y terminar con la impunidad. Su apoyo a una justicia independiente se manifestó el mismo 16 de agosto con el nombramiento de la Doctora Miriam German Brito y la Procuradora Adjunta Yeni Berenice Reynoso, quienes encabezan un grupo de fiscales que han comenzado a trabajar para descorrer el velo de la impunidad en el país. También se destaca el nombramiento de la Doctora Milagros Ortiz Bosch como Directora de Ética Gubernamental.
En términos generales, el desempeño del gobierno ha tenido muchos más aspectos positivos que negativos hasta el momento, algunos errores han sido corregidos y recientemente se anunció un paquete de medidas y proyectos de ley para fortalecer los controles, prevenir y detectar a tiempo la corrupción, así como algunas dirigidas a los cambios institucionales esperados por la población.
Crisis de salud. La enfermedad del COVID-19 ha afectado fuertemente a la República Dominicana. Más de 151 mil dominicanos y dominicanas se han contagiado con el virus, y más de 2,306 murieron por esta causa, llevando el luto a igual número de familias.
Los efectos en la economía. La pandemia de COVID-19 ha tenido un profundo impacto económico en República Dominicana. Las medidas de contención ocasionaron cierre de empresas y suspensión temporal o permanente de cientos de miles de empleos, afectando a la economía en sentido general. El importante sector externo se contrajo por el impacto que sufrieron de forma particular las exportaciones y el turismo.
Junto con la implementación de las medidas de contención, las autoridades crearon programas de asistencia para hogares (Quédate en casa), para profesionales independientes (Pa’ ti) y de subsidio a las nóminas de empleados de las empresas formales (FASE 1 y FASE 2). Los programas de transferencias se hicieron indispensables para disminuir la severidad de la crisis sobre la ciudadanía, pero el enorme déficit fiscal con que termina el año, así como el aumento del endeudamiento serán una fuerte carga para los próximos años.
De forma inesperada, las remesas familiares provenientes de los Estados Unidos crecieron más de lo previsto en medio de la pandemia. También ayudó la disminución en el precio internacional del petróleo, lo cual contribuyó a compensar la pérdida de divisas por turismo, exportaciones no minerales y de zonas francas, así como el menor ingreso de recursos provenientes de inversión extranjera directa.
Aumento de la corrupción. La corrupción sistémica experimentó un aumento en los meses finales del pasado gobierno. Dos escenarios fueron utilizados para ese despropósito: los tres procesos electorales y los estados de emergencia a causa del COVID-19.
En el 2020 la transparencia del gobierno central, del Congreso, del Poder Judicial y demás órganos constitucionales fue restringida, principalmente por la escasez de información financiera relativa a los gastos ordinarios ejecutados y, especialmente sobre los extraordinarios por motivo de la pandemia.
Los gastos gubernamentales en publicidad, el aumento injustificado de la nómina pública, facilidades financieras en el banco del Estado, contratos de obras excesivos para financiamiento indirecto de las campañas, entre otras modalidades fueron utilizados para favorecer al partido oficial y a su candidato. Resaltó la gran cantidad de compras de emergencia, la contratación irregular de varias compañías para asfaltar calles de manera precipitada por más de 11,000 millones de pesos y los enormes gastos irregulares e improvisados en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, realizados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
La justicia virtual. Debido a la cuarentena por el COVID-19, el Consejo del Poder Judicial durante el primer trimestre del año, dispuso únicamente el funcionamiento de las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal que, además de las atribuciones ordinarias recibieron los casos de urgencia tendentes a la protección de derechos fundamentales mediante el hábeas corpus y las acciones de amparo prestando sus servicios con el mínimo de personal requerido.
Con la resolución número 04-2020, quedó trazada una desescalada para el regreso a la nueva normalidad de los servicios judiciales y de los órganos administrativos del Poder Judicial en tres etapas. La situación del sistema judicial virtual suscitó denuncias, reclamos y una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo que culminó con una sentencia que ordenó la reapertura de las labores presenciales en los tribunales aunque todavía la justicia no está funcionando con normalidad, en razón de que el uso de la virtualidad ha traído inconvenientes a ciudadanos y abogados que no cuentan con los medios ni capacidades para utilizar esta nueva modalidad de acceder al sistema, así como la mora judicial y dificultades para obtener los servicios administrativos de los tribunales.
Ministerio Público independiente. El año termina con expectativas positivas en el ámbito de la persecución de la corrupción. En este momento están activos los casos de ODEBRECHT, el de la Operación Anti Pulpo, el del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el archivo definitivo aplicado a una parte del caso ODEBRECH.
Existen indicadores de que varias investigaciones en curso tocaran otros casos destacados como el del asfalto, compras en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CEDEE), entre otras.
Lamentablemente siguen lentos los casos de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Los Tres Brazos y César el Abusador para citar solo algunos de los cientos que han quedado en la impunidad.
Queremos señalar que el aspecto más relevante del año 2020 es la participación de la población. Su fuerte incidencia logró que situaciones y medidas que se intentaron fueran revertidas, atendiendo a los reclamos de los miles de ciudadanos y ciudadanas que se lanzaron a las calles, protestaron desde sus casas o se manifestaron por diferentes medios a favor de la democracia.
El año termina con grandes desafíos para los gobernantes, los partidos políticos, el sector privado, el pueblo en general. Con familias que han perdido sus ingresos, padres, niños, maestros fuertemente afectados por clases virtuales, lo cual genera mucha preocupación.
También termina con la esperanza y la determinación de que saldremos fortalecidos, superaremos esta crisis y participaremos activamente en la construcción de una mejor República Dominicana.
Consejo Nacional
17 de diciembre del 2020
