«En ese momento esperábamos una reacción inmediata; sin embargo, la reacción ha demorado, es la que se ha producido hoy: dos grupos intentando encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de libertad», explicó el jefe del SNAI.

Familiares de los reclusos de los tres centros se congregaron a las afueras de los mismos para intentar obtener más información.

«Una acción concertada»

En una primera reacción, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, responsabilizó de los incidentes a organizaciones criminales:

Posteriormente, Moreno comunicó que instruyó al Ministerio de Defensa «ejercer un estricto control de armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios«.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, también habló de una acción criminal conjunta.

«Ante la acción concertada de organizaciones criminales para generar violencia en centros penitenciarios del país, desde el Puesto de Mando Unificado conjuntamente con mando policial gestionamos acciones, para recuperar el control», escribió Pazmiño en su cuenta de Twitter.

Grupos especiales de la policía entraron en los centros para contener la violencia interna.

El comandante Patricio Carrillo habló de disturbios en varias prisiones y calificó la situación de «crítica».

El Ministerio de Defensa informó de la colaboración de las Fuerzas Armadas, desplegadas en el perímetro del Centro de Rehabilitación Social de Turi.

Sobre el estado de la investigación, el director del SNAI dijo: «Estamos trabajando en este momento para poder determinar que nuestra hipótesis tenga las premisas fuertes que nos ayuden a que Fiscalía Nacional pueda tener la mayor información que permita poner a órdenes de las autoridades judiciales a quienes idearon esta acción».

Moncayo lamentó la pérdida de vidas humanas y habló de la necesidad de hacer «mayores esfuerzos financieros y en el marco legal» para lidiar con el desafío de la violencia en los centros de reclusión.

Violencia en las cárceles

El pasado diciembre, enfrentamientos en cárceles ecuatorianas desencadenados por pandillas rivales dejaron 11 reclusos muertos y siete heridos.

En noviembre se había levantado el estado de emergencia de 90 días declarado por Moreno para los centros penitenciarios del país con el objetivo de «controlar a grupos mafiosos» para reducir la violencia.

Hay unos 38.000 presos en Ecuador, un país de 17 millones de habitantes.

Para reducir el número de reclusos en medio de la pandemia de covid-19, el gobierno conmutó las sentencias de personas condenadas por delitos menores, con lo que la superpoblación de los centros disminuyó de un 42% a un 30%.