EFE, MEXICO.- La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de México retomó la discusión sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana, avalada ya en el Senado y que se atascó en la Cámara Baja en el anterior periodo legislativo.
La aprobación en comisiones es el primer paso para que la iniciativa, que legaliza el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la industrialización y la venta de la marihuana bajo control federal, se discuta y vote en el pleno.
El Congreso de México, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tiene de plazo hasta el 30 de abril de este año para aprobar la ley que permita el uso recreativo de la marihuana después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considerara el asunto como un problema de constitucionalidad.
La pandemia de la covid-19 retrasó hasta dos veces la aprobación del texto, ya que la primera fecha límite fue el 30 de abril de 2020.
La Corte amplió el plazo de los legisladores por la contingencia sanitaria hasta el 15 de diciembre de 2020, un momento en el que de nuevo concedió una prórroga hasta el próximo 30 de abril.
El Senado aprobó en noviembre, durante el anterior periodo legislativo, una nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que es la que de nuevo estudia la Cámara de Diputados.
Las reformas que avalaron los senadores permitirán poseer hasta ocho plantas por domicilio, autorizará alimentos y derivados con cannabis no psicoactivo, otorgará licencias para siembra, cultivo y cosecha, y garantiza el consumo privado de marihuana sin menores de edad presentes.
Además, se creará el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, además de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal que prohibían el consumo lúdico.
La legislación aún contempla sanciones penales para la posesión de más de 200 gramos de cannabis y multas por portar entre 28 y 200 gramos.
En el periodo de receso legislativo, varias asociaciones defensoras del consumo de cannabis, que llevan meses acampadas a las afueras del Senado, reclamaron que el texto aprobado en la Cámara Alta no resolvía nada al mantener las penalizaciones.
