SANTO DOMINGO. – Los ministros, de Educación, Roberto Fulcar y de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, comunicaron a la prensa la complicada situación en que el Gobierno encontró el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, habiéndose procedido a pagar a los contratistas de 557 centros educativos ya terminados.
En rueda de prensa celebrada en el Palacio Nacional, se informó que esos centros educativos ya terminados se encuentran en diferentes procesos financieros, técnicos o legales, como resultado de superar el umbral del 25% para la adenda contemplada en la Ley 340-06.
Deligne Ascensión agregó que, del total de 557 escuelas terminadas y no pagadas, hay 200 planteles en proceso de pago en la Dirección Financiera o en preparación de las adendas correspondientes en la Dirección Jurídica del MOPC. Otras 199 escuelas ya inauguradas se encuentran en proceso de fiscalización, revisión o corrección de los cierres de contratos correspondientes.
“Del total de 557 escuelas terminadas y no pagadas, hay 200 planteles en proceso de pago en la Dirección Financiera o en preparación de las adendas correspondientes en la Dirección Jurídica del MINERD. Otras 199 escuelas ya inauguradas se encuentran en proceso de fiscalización, revisión o corrección de los cierres de contratos correspondientes”, dijo el ministro de Obras Públicas
Enumeró que, de estas escuelas terminadas, hay 293 contratos que superan en más de un 25% el monto originalmente contratado, equivalente al 52% de las escuelas terminadas y en proceso de pago o realización de Adendas.
También expuso que hay otros 157 planteles ya inaugurados que están sometidos al proceso de levantamiento de información en campo para la elaboración del informe final de cierre por parte de las supervisiones contratadas, muchos de los cuales también superarán el 25% del monto contratado.
Deligne Ascensión precisó que el total de pagos pendientes de realizar asciende a 3.4 mil millones de pesos, que corresponde a los 557 proyectos terminados e inaugurados, pendientes de una solución legal de los contratos o de los cierres técnicos y financieros, más pagos parciales de otros 234 proyectos en ejecución con cubicaciones intermedias.
“Cabe señalar que una parte importante de los pagos pendientes de realizar a los contratistas están destinados a saldar deudas de líneas de créditos con el Banco de Reservas por un monto de 1,935 millones de pesos e intereses acumulados con cargo al Ministerio de Educación, por más de mil millones de pesos”, añadió.
Se estima que unos 637 centros educativos se encuentran en situación de tope máximo de ejecución, cuyos contratos requieren de una inversión que supera los 16 mil millones de pesos y excederán al término de su ejecución el 25% de obras adicionales autorizadas para exceder los contratos originales.
Citó que otras de las dificultades encontradas por las actuales autoridades es que, gran parte de los problemas que han aquejado la ejecución de las obras educativas están en que al momento de los sorteos, ya que las escuelas no tenían presupuestos definitivos, sino un presupuesto base, hecho a partir de un diseño prototipo general que no consideraba la topografía del terreno, el estudio básico de suelos, las características de vulnerabilidad del área escogida o, en el peor de los casos, no se tenía el estatus legal del terreno o ni siquiera se había identificado un lugar específico donde ubicar el plantel escolar sorteado y contratado.
Proyectos no terminados
Asimismo, explicó que, en el Programa de Edificaciones Escolares, iniciado en 2013 por la administración anterior, quedan sin terminar 718 proyectos, que representan unas 10 mil aulas y que presentan la misma complejidad técnica, financiera y jurídica que los ya inaugurados. Las estimaciones por ejecutar de estos 718 proyectos superan los 25 mil millones de pesos.
Precisó que, de los 718 proyectos pendientes, hay 2 listos para inauguración; hay 51 en estudios técnicos y diseños. Esto incluye 307 proyectos con un nivel de ejecución físico superior al 50%.
Deligne Ascensión refrió que “se estima que unos 637 centros educativos se encuentran en situación de tope máximo de ejecución, cuyos contratos requieren de una inversión que supera los 16 mil millones de pesos y excederán al término de su ejecución el 25% de obras adicionales autorizadas para exceder los contratos originales”.
Comunicó, además, que hubo improvisación al no incluir dentro de los diseños de las escuelas la dotación de espacios para laboratorios, cocinas y áreas de comedor para la tanda extendida o verjas de protección, entre otras modificaciones importantes incorporadas posteriormente a los diseños y presupuestos originales.
Y advierte, que los presupuestos contratados no se corresponden en la mayoría de los casos con la ejecución técnica y financiera subsiguientemente llevada a cabo por el contratista, al realizar los estudios de suelo, el rediseño de la obra y los cambios estructurales propios de las necesidades de adaptar el prototipo original al terreno específico asignado.
El ministro de Obras Públicas narró que al ejecutarse los sorteos, las escuelas no tenían presupuestos definitivos, sino un presupuesto base, hecho a partir de un diseño prototipo general que no consideraba la topografía del terreno, el estudio básico de suelos, las características de vulnerabilidad del área escogida o, en el peor de los casos, no se tenía el estatus legal del terreno, o ni siquiera se había identificado un lugar específico donde ubicar el plantel escolar sorteado y contratado.
Por su lado, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, dijo que actualmente existe un nudo legal con las edificaciones y construcciones que heredaron de la pasada gestión, ya que hay una gran cantidad de obras públicas que el nivel de contrataciones y el nivel de ejecución guardan diferencias significativas que sobrepasa el margen que admite la Ley de Compras y Contrataciones Públicas que es de un 25% del monto contratado.
“Cuando pasa de un 25% del monto contratado los niveles de cubicaciones de la obra, los ministerios, las direcciones y el Poder Ejecutivo en sentido general, tienen lo que el presidente Luis Abinader ha llamado un nudo legal para pagar”, indicó el ministro de Educación.
Fulcar precisó que existen alrededor de 400 planteles escolares que no se han podido concluir y sus pagos no se han podido materializar, ya que el nivel de ejecución presupuestaria está por encima del 25% que admite la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
“Y en algunos casos está hasta por encima de un 300%, lo que ha hecho que muchos ingenieros hayan hecho reclamaciones sin entender que nosotros lo que más quisiéramos es saldar esos compromisos de pago porque creemos en la continuidad del Estado”, sostuvo Fulcar.
Informó que en el Ministerio de Educación el año pasado encontraron una deuda global de más de 17 mil millones de pesos, “y a diciembre, habíamos pagado 16 mil millones de pesos”.
En la rueda de prensa estuvieron presentes también, la directora de Comunicación y vocera de la Presidencia, Milagros German y el director de Información y Prensa de la Presidencia, Daniel García Archibald.
