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Reiteran solicitud de investigación a Josefa Castillo en la Superintendencia de Seguros 

Comisión ALPAIS
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Este miércoles Alianza País en el Distrito Nacional entregó una comunicación a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental reiterando su preocupación y solicitud de una investigación formal por el aumento de la nómina en la Superintendencia de Seguros por parte de la responsable de esta institución Josefa Castillo quien alegó que lo hacía para emplear a su gente. 

Santo Domingo, República Dominicana.- Este miércoles Alianza País en el Distrito Nacional entregó una comunicación a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental reiterando su preocupación y solicitud de una investigación formal por el aumento de la nómina en la Superintendencia de Seguros por parte de la responsable de esta institución Josefa Castillo quien alegó que lo hacía para emplear a su gente.

 

Francisco Tavarez manifestó a nombre del Consejo del Distrito Nacional de este partido que esta acción es contraria al Compromiso Ético de Altos Funcionarios Públicos que promueve la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, dirigido por Milagros Ortíz Bosch, en lo que tiene que ver con los principios de buen gobierno y la buena administración de los recursos públicos.

 

El dirigente político indicó que los funcionarios públicos tienen que estar dispuestos siempre a colocar el interés general por encima de los intereses partidarios, grupales, familiares y personales, así como evitar incurrir en conflictos por causa de éstos, por lo que alegó que las mismas declaraciones de la responsable de la Superintendencia de Seguros indican que hay un conflicto de intereses que deben ser puestas sobre la lupa de una investigación detallada desde su ingreso a la fecha de la finanzas de esta entidad.

 

En la comunicación entregada instaron a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental a través de su Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias a investigar este hecho en la Superintendencia de Seguros para garantizar a la población que no se hayan cometido acciones que vayan en perjuicio del Estado, la sociedad dominicana o los servidores Públicos.

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