El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que los documentos relacionados con el cierre de 14 establecimientos que comercializaban bebidas alcohólicas adulteradas han sido depositados ante la Procuraduría General de la República para que se inicie el proceso judicial en contra de los propietarios de estos negocios.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, dijo que la sociedad espera que estos procesos judiciales en contra de los actores responsables de esta práctica “criminal”, en la que han muerto decenas de personas en las últimas semanas, terminen en condenas “firmes y contundentes”.
Alcántara explicó que se depositaron los documentos que tienen que ver con el cierre de exactamente doce colmados y dos fábricas clandestinas que se dedicaban a comercializar bebidas alcohólicas adulteradas.
“Entregamos a la Procuraduría General de la República los documentos que comprometen a los propietarios de los negocios cerrados que se dedicaban a la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas para que se inicie el proceso judicial en contra de estas personas por el daño que les ha hecho a la sociedad”, dijo.
“En representación de los consumidores afectados y ante la inconducta de los comerciantes, solicitamos a la Procuraduría General de la República, que los mismos sean procesados y cualquier otra persona que en el curso de la investigación resulte vinculada, para que les sean impuestas las sanciones correspondientes”, indicó el funcionario, quien agresó que Pro Consumidor está facultado para representar los intereses de la población consumidora ante toda clase de autoridad u organismo público o privado.
Alcántara alegó que seguirá actuando en contra del comercio de productos falsificados y otros delitos que atenten contra la salud e intereses de los consumidores. Confía que se aplique todo el peso de la ley a los responsables.
