EFE, SOLDEU, ANDORRA.- Iberoamérica acordó este miércoles, en la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Andorra, promover que la ayuda internacional que se distribuya a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) pueda ser cedida de un país a otro.
Según un comunicado especial de la Cumbre, los países de la región acordaron promover en el FMI el desarrollo de un “instrumento financiero para apoyar a los países en desarrollo, incluyendo los países de renta media, haciendo uso de la disponibilidad financiera generada por la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG)”.
Está previsto que el FMI apruebe la emisión de estos DEG (la moneda nominal del FMI) por valor de 650.000 millones de dólares, de los cuales unos 70.000 corresponderían a los países latinoamericanos, según declaró a Efe la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.
Los derechos se repartirán conforme al aporte de los países en el FMI, por lo que los países desarrolladas recibirán más ayuda, aunque no sean los que más lo necesitan.
Si Iberoamérica lograra la consecución de esta herramienta, los países que no necesiten acceder a sus derechos podrían donarlos a los que sí los precisan.
A su vez, la región promoverá la revisión de las “sobretasas del FMI para evitar los efectos regresivos y procíclicos, que afectan especialmente a algunos de los países de ingreso medio cuando más necesitan del apoyo financiero del organismo”.
APOYO PARA LOS PAÍSES QUE MÁS LO NECESITEN
Iberoamérica también prestará apoyo para poner a disposición de los miembros que lo necesiten “de una nueva ronda de préstamos de emergencia” a través del FMI y de otras instituciones financieras multilaterales, regionales y nacionales, “en la forma de Instrumentos de Financiamiento Rápido”.
Se aprobó también considerar un posible mecanismo o marco multilateral que permita que en las condiciones de la deuda (incluyendo la deuda soberana) se incorporen las situaciones derivadas de crisis sistémicas.
Dichas situaciones deberán valorar también los derechos e intereses de los acreedores, las necesidades de crecimiento y bienestar de los países afectados en una perspectiva de sostenibilidad a medio y largo plazo.
También estimaron considerar iniciativas que “permitan la negociación de tratamientos coordinados de la deuda externa, caso por caso, a países altamente endeudados como consecuencia de la pandemia”.
A su vez, se estudiará y promoverá la adopción de un nuevo marco o estándar multilateral de valoración de riesgos financieros y macroeconómicos que incorpore la particularidad de la situación de la COVID-19 y las medidas de respuesta.
Con el fin de evitar que las rebajas de la calificación crediticia generen un efecto pro-cíclico suponiendo un agravamiento adicional de la situación, se pidió que las agencias calificadoras pueda adherirse al mecanismo.
