SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El imputado Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Pública, presentó este lunes pruebas a descargo en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conoce el expediente por los US$92 millones en sobornos que Odebrecht, admitiendo haber distribuido para lograr la adjudicación de contratos de obras públicas en el país.
La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que las pruebas solo contribuyen a confirmar en su totalidad la teoría del caso del Ministerio Público por los sobornos de Odebrecht.
“Son pruebas que no corroboran para nada la postura de la defensa, sino, que más bien confirman en su totalidad la teoría del caso del Ministerio Público y hacen prever que se obtendrá una condena en contra de los seis implicados», declaróa los periodistas.
Agregó que tanto es así, que el Ministerio Público ha hecho suyas más de 10 pruebas presentadas por la defensa de Díaz Rúa.
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, produjo sus declaraciones al responder preguntas de los periodistas a la salida de la sala de audiencias, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras un receso en el juicio.
Ante una solicitud del Ministerio Público para que fueran incorporadas pruebas a las que había renunciado la defensa del imputado Víctor Díaz Rúa, el tribunal se acogió al principio de comunidad de pruebas, disponiendo que el órgano acusador solicite la incorporación de las evidencias que pretende, una vez la defensa anuncie la incorporación de las que sí desea hacer valer.
Está previsto para la tarde de este lunes que el tribunal continúe conociendo las pruebas el imputado Díaz Rúa, exdirector Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas. En audiencias anteriores lo hizo el representante empresarial Ángel Rondón Rijo.
Rondón Rijo y Díaz Rúa son procesados por este caso de corrupción junto al abogado Conrado Pittaluga Arzeno, los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón, así como Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
En el transcurso del proceso judicial, el Ministerio Público incorporó pruebas testimoniales y documentales para demostrar que los imputados incrementaron de manera exorbitante sus patrimonios mientras ejercieron funciones en el Estado.
La Pepca les atribuye la violación del Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
