Santo Domingo, República Dominicana.- Frente a las situaciones escandalosas y criminales que se han ventilado en la opinión pública y en los tribunales recientemente, el movimiento cívico, Participación Ciudadana, solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, realizar una reforma integral de los cuerpos militares y policiales.
En un documento de prensa, indica que debe hacerlo con el propósito de transformar la realidad y la imagen que los cuerpos castrenses han construido por décadas, que los presentan como organismos carentes de transparencia, que manejan los recursos públicos de manera arbitraria, sin sujeción a las normas y en beneficio de cúpulas que exhiben fortunas y estilos de vida que no pueden justificar, mientras por otro lado, la mayoría de sus miembros desarrollan sus vidas y su trabajo en condiciones de sacrificio y precariedad.
El Consejo Nacional del Participación Ciudadana, aseguró que el país ha llegado al 2021 escuchando las mismas denuncias, nunca investigadas y mucho menos corregidas. A la vista de todos hay múltiples indicadores de que una parte del personal de los cuerpos militares, al igual que sucede con la Policía, no desempeña el trabajo para el que está designado, en cambio prestan servicios a empresas o personalidades privadas en transacciones que benefician a los mandos superiores.
También se ha denunciado que, bajo la denominación de especialismos, un
grupo de privilegiados recibe ingresos otorgados de manera arbitraria y bajo esquemas que se
prestan a la corrupción y al tráfico de influencia.
A través de rueda de prensa, el Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional, declaró,
además que no es de ahora que se denuncia que en los cuerpos militares y policiales se
compran y venden los ascensos y las posiciones con acceso a recursos públicos y privados; se
compran y asignan pensiones desproporcionadas; se cobran peajes a cambio de protección a
delincuentes. Una denuncia que se hace desde hace décadas es que algunos comandantes
realizan recortes fraudulentos en los viáticos y la alimentación, en perjuicio de los servidores
más vulnerables, y que tampoco respetan las normas que rigen las compras y contrataciones.
“Numerosas modalidades de corrupción son señaladas como prácticas cotidianas en
organismos que están llamados a ser ejemplo de honestidad y patriotismo. En todos los
escándalos relacionados con el crimen organizado han salido evidencias de que criminales
cuentan con elementos infiltrados y la protección activa de militares y policías de todos los
rangos. Basta recordar los casos de José David Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, Quirino
Ernesto Paulino Marmolejos, Ramón Antonio del Rosario Puente (alias Toño Leña), César Emilio
Peralta (alias César el Abusador), entre otros”, destacó el Consejo Nacional.
El movimiento cívico, saludó los esfuerzos que viene realizando la Dirección Nacional de
Control de Drogas (DNCD) en los últimos meses bajo el liderazgo de su presidente el
Contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa, donde se han anunciado cifras récord en la
incautación de drogas, sin embargo, afirmó que estos esfuerzos quedan cortos, ya que no se
han desmontado desde la raíz las redes del tráfico ilícito de estupefacientes ni se conocen los
culpables, sus beneficiarios finales ni sus padrinazgos.
Es preocupante para Participación Ciudadana que a más de ocho meses del cambio de gobierno
no se haya visto indicador alguno de que estas prácticas corruptas estén en vías de ser
eliminadas. Tampoco se han iniciado las auditorías correspondientes. El país no puede seguir
aceptando desmentidos oficiales y promesas de que no se sigue haciendo lo mismo. Una
cultura sistémica, contraria a los valores éticos como la que estamos señalando, no desaparece
sin que se realicen cambios profundos y valientes, sin que se investigue y se someta a la justicia
a las personas responsables de instalar y mantener esas estructuras.
“Estamos cansados de escuchar que jefes militares o policiales locales, así como otros rangos
medios y bajos, vinculados a crímenes, delitos de corrupción o atropellos son trasladados a otra
localidad donde nuevas poblaciones son sometidas a los mismos abusos. Los pocos que reciben
sanciones son llevados a cárceles militares en las que se burlan de la sociedad manteniendo sus
privilegios”.
“Tampoco podemos aceptar que se espere que el Ministerio Público asuma toda la
responsabilidad en el combate de estas prácticas. Es necesario actuar de manera preventiva y
educar en materia de ética, integridad y transparencia a las instituciones armadas. Desde el
Comandante en Jefe hasta cada oficial son responsables de que esta cultura cambie, y de que
nuestros militares y policías pasen a ser percibidos como honestos y sean respetados por la
ciudadanía”, sostiene el movimiento cívico.
Numerosas encuestas nacionales e internacionales, incluyendo el último Barómetro Global de
la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, muestran que en el país la confianza
en las instituciones llamadas a velar por el orden y la seguridad es muy baja. Para restituirla se
requieren cambios más allá de los nombres de los incumbentes que han incurrido en
infracciones y faltas a su juramento de proteger la nación. Estas instituciones deben abrirse al
escrutinio público. No existe en la Constitución y las leyes excepción alguna a la ética y la
transparencia administrativa, y no podemos esperar del gobierno ni de los altos mandos
ninguna conducta que propenda a mantener la impunidad y la creencia de que los militares y
policías están por encima de las leyes.
Desde Participación Ciudadana hacemos un llamado al Ministro de Defensa, Teniente General
Carlos Luciano Díaz Morfa, para que retire su carta enviada al presidente de la Cámara de
Diputados, en la que pide modificar el proyecto de Código Penal para excluir a los militares de
la aplicación del mismo. Esta petición contradice la sentencia del Tribunal Constitucional No.
TC/0350/19, la cual estableció “que los tribunales penales militares son inexistentes en nuestro
ordenamiento jurídico”. Resulta inconcebible pretender que en momentos de compromiso con
el fin de la impunidad se pretenda volver al pasado.
Participación Ciudadana espera que el presidente Abinader no acepte chantajes de quienes
advierten o propalan que las acciones de saneamiento de las fuerzas armadas y la policía
podrían ser respondidas con desestabilización política o del orden institucional. Por el contrario,
el gobierno que se atreva a emprender esta impostergable tarea contará con el respaldo de la
ciudadanía, de los miembros honestos de las instituciones militares y policiales que también
son víctimas de las prácticas delictivas y de todos los sectores de la vida nacional que aportan
para construir un mejor país.
