Santo Domingo.- Para la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), las recientes y estremecedoras declaraciones del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, imputado en la Operación Coral, ponen de relieve la necesidad de prever en la legislación penal dominicana, un sistema de protección de testigos que denuncien la corrupción, ya sea en beneficio de empleados públicos o simples ciudadanos.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, recordó que la protección de testigos en materia de corrupción, constituye una obligación y compromiso internacional del estado dominicano, todo ello derivado del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento e Implementación (Mesicic).
El Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, es un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco de la OEA y la República Dominicana forma parte del mismo desde el 4 de junio de 2001, representada a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
El Mesicic, es un esquema vinculante que obliga a la República Dominicana, como parte de la OEA y firmante ya ratificado de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, a encaminar acciones puntuales en materia de prevención, control y sanción de la corrupción.
Para la entidad cívica es un momento más que oportuno, para exigirle al congreso que cumpla con dicho requerimiento, en el marco de la reforma y aprobación de un nuevo código penal, por tratarse de una garantía indispensable para el combate a la corrupción
Finalmente, la FJT instó al gobierno y en particular al ministerio público, a no desfallecer en su cruzada contra la corrupción; al tiempo de disponer de todos los medios y garantías posibles, para preservar la vida y seguridad del mayor Girón.
