Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Justicia y Transparencia (FJT), depositó por ante el Tribunal Constitucional una medida cautelar para la suspensión inmediata del Decreto No. 342-20, del Poder Ejecutivo, mediante el cual declara de alto interés nacional la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Explicó en un comunicado que, la medida tiene como objeto paralizar en lo inmediato “las múltiples transgresiones al derecho y violaciones a la Constitución, en que de entrada el gobierno ha venido y continúa incurriendo”.
Además, de ir perpetrando día a día acciones irregulares, con la agravante de ir generando relaciones jurídicas con diversas contrataciones y otros actos que posteriormente devendrían en nulos, tales como licitaciones, desvinculación de empleados, ventas de bienes muebles e inmuebles, expedición de permisos, en fin estaríamos hablando de un concierto de ilegalidades mayúsculas.
Los abogados actuantes, Trajano Potentini, Henry Misael Adámes y Cesar Noboa, representes de la FJT, informaron que dada la gravedad del asunto, de tener un sector eléctrico manejándose al margen de la legalidad e institucionalidad, se impone con carácter imperativo y provisional, el que, el TC, antes de dar el fallo, con carácter definitivo de la acción principal de inconstitucionalidad, en contra del decreto 342-20, anule provisionalmente el referido decreto, a los fines de paralizar las “perturbaciones que al derecho se siguen sucediendo día a día en la CDEEE y sector eléctrico”.
La FJT, indica que busca como medida anticipada es la suspensión de cualquier acto y disposiciones conexas derivada de la aplicabilidad y ejecución del referido decreto, hasta tanto el Tribunal Constitucional decida sobre la suerte de la Acción Directa de Inconstitucionalidad de fecha veintiocho (07) de junio del año 2021.
Reiteró al gobierno su llamado a la cordura y reflexión, tras advertirle que deben descontinuar la práctica de la venta y liquidación de la CDEEE, más bien enrumbarse por la legalidad, por tratarse de un proceso que afecta muchos derechos e intereses, con temas de alta incidencia en la economía del país.
