Santo Domingo.-El Colegio de Abogados de la Republica Dominicana (CARD), calificó el proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez como el mas importante y transcendental de los últimos 30 años, señalando que no se trata de un mero caso de corrupción, sino que quien fungió como Ministerio Público.
El gremio, expresa que se está acusando a un director de la Persecución Criminal de la República Dominicana, de encabezar una banda criminal, dedicada no solo a alterar registros Judiciales, sobornos, falsificación, sino a estafar al Estado Dominicano, mediante transacciones fraudulentas.
Entre esas transacciones, mencionó la sobrevaluación de la Cárcel Nueva Victoria, en cuya construcción fueron invertidos los fondos del caso ODEBRECHT, con lo cual, el país se convertiría en el único del mundo, donde hasta el cuerpo de delito de dicho caso es sustraído.
Antre esta situación, el Colegio de Abogados piensa que el Ministerio Público se encuentra obligado a presentar pruebas contundentes de las escandalosas acusaciones vertidas en el caso de la “Operación Medusa”.
«Entendemos que de comprobarse los gravísimos hechos planteados en la “Operación Medusa”, obligaría a una reforma profunda en la Justicia, que garantice el destierro definitivo de los políticos del Ministerio Público y del Poder Judicial», señala en un documento de prensa.
Agrega que no es posible que un político, proveniente de la alta dirigencia de un partido, sea designado, sin más, ni más, como Procurador General de la República o Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
«Necesitamos muchas Mirian Germán que garanticen niveles de objetividad y justicia que despierten la confianza de todos; pues no establecer un sistema de selección del Procurador General de la República que requiera la escogencia de una Fiscal de carrera, apolítico, honesto y preparado, nos convertiría en un estado fallido», indica el documento.
El Colegio de Abogados llama a todos los partidos políticos a aunar esfuerzos para esa gran reforma de la Justicia, que evite que la corrupción e impunidad permeen la administración de Justicia, lo que sería una garantía tanto para esta sociedad que no quiere políticos en las Cortes, sino árbitros.
