SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), sometió una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo haciendo causa común con el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), para que en el caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro sea ratificada la declaratoria de lesividad al interés público, en virtud de que su autorización durante el proceso de transición gubernamental fue irregular y violentó el debido proceso.
Trajano Potentini, presidente de la FJT, expresó: “estamos hablando de que, sin llenar el debido proceso administrativo, de forma ilegal, de forma irregular, en un período muerto, en un período de transición, es precisamente donde se ha logrado este permiso que, a todas luces, reiteramos es ilegal”.
El jurista explicó que la fundación está participando como interviniente voluntario en un tema que, además de ser de interés nacional, para esta organización reviste una importancia trascendental, pues se trata de la institucionalidad que debe primar en cualquier proceso a lo interno del Estado.
Cuestionó que esa obra fue autorizada mediante “una carta de forma lamentablemente irregular, sin llenar el procedimiento y mucho menos el debido proceso administrativo. Esas cosas no pueden hacerse al vapor ni contrariando lo que son las disposiciones legales y reiteramos en un proceso de cambio de gobierno”.
Deploró que el permiso que inicialmente le fue otorgado a esa obra, no llenó los requerimientos, máxime tratándose de un tema tan delicado como es la seguridad nacional y todos los parámetros internacionales que tienen que estar previstos para la construcción de un aeropuerto.
“Estamos aquí haciendo causa común con la declaratoria de lesividad de lo que ha sido ese acto que en principio pues planteara el IDAC y que la nueva gestión gubernamental tuvo a bien revocar en función de que el mismo estaba lesionando el debido proceso administrativo”, puntualizó.
Potentini aseguró que estaremos dando seguimiento permanente a este caso, a los fines de que el próximo 30 el Tribunal Superior Administrativo ratifique la declaratoria de lesividad, permitiendo con ello el que se respete y se restaure la institucionalidad.
Asimismo, sostuvo la necesidad de garantizar en lo sucesivo, con una ley sobre la transición de un gobierno a otro, las directrices y procedimientos para el accionar de la administración pública, sobre todo disminuyendo su discrecionalidad, a la hora de asumir compromisos de largo plazo y de mucha trascendencia como lo sería la autorización para un aeropuerto.
En la intervención voluntaria de este recurso, la Fundación Justicia y Transparencia estuvo representada por los abogados Trajano Potentini, Henri Adames y César Noboa.
En tanto, el abogado Henri Adames, dijo que ese acto de autorización del aeropuerto de Bávaro es completamente irregular “porque primero, no cumplió con los requisitos de forma, estamos hablando de una simple comunicación. Segundo, como lo hacen constar los informes propios que sirvieron de base a la declaratoria de lesividad de acto administrativo, donde se hacen constar todas las irregularidades, omisiones, participación de autoridades y eventos que son necesarios para la garantía de la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y la seguridad aeroportuaria. Y todo eso consta en el expediente”.
Adames explicó que “estamos en presencia de una comunicación que ni siquiera cuida la forma y que es irregular en cuanto a que omite y que no se sustenta con los informes periciales, con la participación de las autoridades correspondientes, y en consecuencia de ello, las nuevas autoridades iniciaron el procedimiento de declaratoria de lesividad de acto administrativo por ser considerado un acto administrativo favorable”.
La Fundación Justicia y Transparencia es una entidad de carácter cívico y moral que vela por la transparencia y la institucionalidad.
Diversos sectores de la vida nacional han cuestionado que el pasado gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina aprobara esa obra y que incluso promulgara el decreto 270-20 en el período de transición, faltándole tan solo 23 días para salir del poder, comprometiendo a futuro y, por más de una década, los recursos del Estado.
Se ha señalado que en todo el proceso de aprobación de esa obra hubo un entramado de irregularidades y se violaron los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual tuvo que ser reconocido por el propio IDAC cuando le revocó el permiso y ordenó paralizar su construcción, declarándolo “lesivo para el interés público”.
